El Ministerio Público dominicano arrestó al fiscal de carrera Aurelio Valdez Alcántara, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la acusación de haber aceptado un soborno de US$10,000 por parte de un imputado. Valdez Alcántara formaba parte del equipo estratégico que manejaba expedientes de alto perfil, incluyendo las investigaciones relativas al Seguro Nacional de Salud (Senasa), y trabajaba bajo la coordinación directa de los magistrados Wilson Camacho y Mirna Ortiz.

La investigación, dirigida personalmente por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, busca identificar a todos los involucrados, incluyendo a la persona que realizó el pago ilícito. Reynoso calificó el hecho como "muy grave" y aseguró que no habrá tolerancia frente a la corrupción interna, aplicando la "misma vara" para medir a los funcionarios judiciales que a los ciudadanos comunes. Por su parte, el director de Persecución, Wilson Camacho, enfatizó que el castigo alcanzará a los responsables sin excepciones.

Debido a su estatus como fiscal de carrera, Valdez Alcántara enfrenta ahora un proceso dual: una vía penal por el presunto delito cometido y un juicio disciplinario ante el Consejo Superior del Ministerio Público, que podría resultar en su destitución definitiva. Este caso se suma a una lista de al menos ocho miembros del organismo que han sido apartados en años recientes por faltas graves vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico.