Un grupo de militares y combatientes constitucionalistas de abril de 1965 planteó la creación de una “cuarta fuerza constitucional y electoral” dentro de los partidos y movimientos políticos dominicanos, con el propósito de establecer un contrapeso frente a los intereses económicos y colocar el cumplimiento de la Constitución y las leyes en el centro de la actividad política.

La propuesta fue presentada en el marco de la conmemoración de los 163 años de la Restauración de la República y parte de una preocupación por la influencia que, según los participantes, puede alcanzar el dinero en la competencia por el poder político.

Los constitucionalistas sostienen que cuando la capacidad económica termina imponiéndose sobre los principios, los valores cívicos y la preparación para ejercer funciones públicas, aumentan las condiciones para la corrupción y la impunidad, además de profundizar problemas sociales como la desigualdad, la violencia y la inseguridad.

La denominada cuarta fuerza no estaría concebida necesariamente como un nuevo partido político. Su función sería operar dentro de cada organización como un eje transversal dedicado a promover la formación constitucional y política de dirigentes, candidatos y electores.

De acuerdo con el planteamiento, esa formación permitiría que quienes aspiren a ocupar cargos públicos conozcan las responsabilidades asociadas al ejercicio del poder y que los ciudadanos tengan mayores herramientas para evaluar a quienes buscan representarlos.

La iniciativa también pone el foco en la responsabilidad de quienes resulten electos para fiscalizar el patrimonio, los ingresos, los gastos y el uso de los fondos públicos. Los promotores vincularon su propuesta con los principios constitucionales que regulan tanto la gestión pública como la función de los partidos políticos.

El artículo 216 de la Constitución establece que la conformación y funcionamiento de los partidos deben sustentarse en la democracia interna y la transparencia, y fija entre sus fines contribuir a la participación ciudadana, respetar el pluralismo político y servir al interés nacional y al bienestar colectivo.

En ese contexto, el licenciado Andrés Fortunato Victoria sostuvo que el crecimiento económico del país no necesariamente se convierte en desarrollo integral si no existe una formación política capaz de preparar a quienes participan en la conducción del Estado.

Fortunato planteó que esa educación debe comenzar en las estructuras básicas de las organizaciones políticas y alcanzar a sus principales dirigentes, bajo la premisa de que el acceso al poder debe estar vinculado con el interés nacional y el bienestar colectivo, y no con el enriquecimiento particular.

El planteamiento coincide con la existencia de mecanismos institucionales destinados a vigilar el manejo financiero de las organizaciones políticas. La JCE dispone de una Dirección Especializada de Control Financiero y en abril de 2026 presentó una plataforma para monitorear y supervisar la información financiera de los partidos, agrupaciones y movimientos reconocidos.

La propia JCE mantiene además una sección de informes económicos de los partidos y documentación relacionada con la normativa sobre financiamiento político, lo que refleja que el control de los recursos constituye un componente formal del sistema electoral dominicano.

Los constitucionalistas consideran, sin embargo, que la fiscalización financiera debe complementarse con educación política y constitucional para candidatos y ciudadanos.

Para los promotores de la iniciativa, conmemorar a quienes defendieron la soberanía y la institucionalidad también implica examinar qué tipo de Estado se construye y qué preparación reciben quienes aspiran a dirigirlo.

La propuesta concluye con un llamado a fortalecer el conocimiento de la Constitución como instrumento ciudadano para limitar los abusos de poder y exigir responsabilidades a quienes administran los recursos y las instituciones del Estado.