Durante un conversatorio en Diario Libre, los economistas Jorge Coronado (Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe) y Tomás Lukin (Alianza Global de Justicia Tributaria) analizaron el complejo panorama fiscal de la región y, específicamente, de la República Dominicana, en un contexto de desaceleración económica global y volatilidad en los precios del petróleo por conflictos internacionales como el de Medio Oriente. Los expertos señalaron que, si bien los subsidios a los combustibles son herramientas estatales válidas y necesarias para absorber choques externos y proteger el bolsillo de los consumidores en economías dependientes de la importación, su ejecución actual genera una presión excesiva sobre las finanzas públicas debido a fallas estructurales en la recaudación.

Para el caso dominicano, Coronado enfatizó que la solución a la presión fiscal no radica en implementar una nueva reforma tributaria que aumente los impuestos, sino en corregir dos distorsiones mayúsculas: la evasión fiscal y el esquema de exenciones e incentivos corporativos. Estos "privilegios fiscales", que benefician principalmente a sectores de élite como el turístico, financiero, zonas francas y extractivos, representan aproximadamente el 4.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Aunque una parte de estas exoneraciones protege la canasta básica, una porción significativa favorece a grupos empresariales específicos, a quienes Coronado calificó de "parasitarios" por su dependencia histórica del fraude, la elusión y los estímulos estatales.

A nivel regional, la problemática se profundiza debido a que América Latina pierde en promedio el 6.7% de su PIB anual (más de 430,000 millones de dólares) por la evasión del ITBIS y el Impuesto sobre la Renta (ISR), sumado a que los sistemas tributarios son regresivos, sosteniendo la mitad de su recaudación sobre el ITBIS. Ante este escenario, los analistas concluyeron que el gobierno dominicano debe abrir un debate transparente para reorganizar su gasto, combatir la informalidad y aplicar mecanismos de focalización en los subsidios a los combustibles, evitando que los sectores de mayores ingresos se beneficien desproporcionadamente de los recursos públicos.