El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, manifestó la postura del sector empresarial tras la reciente decisión del presidente Luis Abinader de paralizar el proyecto minero Romero en San Juan. Aunque Dargam reconoció la capacidad de concertación y la sensibilidad del mandatario, advirtió que suspender una iniciativa basándose principalmente en el rechazo masivo de la población —argumento utilizado por el Ejecutivo bajo el amparo de la Ley 64-00— genera interrogantes sobre la seguridad jurídica y la solidez de los procesos institucionales en el país.

El gremio empresarial sostiene que el desarrollo de una minería responsable en la República Dominicana es un objetivo viable y necesario, siempre que se fundamente en evidencias técnicas y un equilibrio estricto entre lo económico, lo social y lo ambiental. El pronunciamiento del CONEP surge como un contrapeso al anuncio presidencial, sugiriendo que la viabilidad de los proyectos de inversión de alto impacto debe responder a marcos regulatorios predecibles para garantizar la confianza de los inversores.