El Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana ordenó al Banco Agrícola la devolución inmediata de 8,638,400 pesos a la empresa Constructora Global, S.R.L., tras ratificar una sentencia de amparo que determinó que la entidad financiera estatal retuvo dichos fondos de manera irregular. Mediante la sentencia TC/0166/26, dictada por el pleno de la alta corte, se declaró inadmisible el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el banco público, confirmando en todas sus partes la decisión previa de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) emitida en junio de 2024, la cual había calificado la retención como una vulneración flagrante a los derechos fundamentales de propiedad y seguridad jurídica.

El conflicto legal se originó cuando el Banco Agrícola bloqueó los recursos financieros de la constructora, argumentando la existencia de un proceso de investigación interna respecto a los contratos y cubicaciones vinculados a esos fondos. Sin embargo, los jueces del Tribunal Constitucional desestimaron los alegatos de la institución bancaria del Estado al ampararse en el artículo 100 de la Ley número 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, señalando que el recurso fue sometido fuera del plazo legal de los 30 días establecidos tras la notificación del fallo original. La alta corte enfatizó que los plazos procesales en materia de amparo son de orden público y su inobservancia acarrea la inadmisibilidad de la pieza recursiva.

Con esta decisión definitiva, el Banco Agrícola dispone de un plazo improrrogable de 15 días laborables, contados a partir de la notificación oficial de la sentencia, para ejecutar el desembolso total del dinero retenido a favor de Constructora Global, S.R.L. Asimismo, el tribunal ratificó la imposición de una astreinte económica ejecutiva contra el banco estatal, fijada en 10,000 pesos dominicanos por cada día de retraso en el cumplimiento de la orden judicial, fondos que serán destinados a la misma empresa afectada. La ratificación de este dictamen por parte del Tribunal Constitucional sienta un precedente de estricto cumplimiento para la administración pública y las instituciones financieras descentralizadas del Estado, obligándolas a respetar el debido proceso y limitando las retenciones discrecionales de fondos privados sin una orden judicial previa. El proceso queda ahora en la fase de ejecución forzosa de la sentencia por parte de los representantes legales de la constructora frente a las autoridades del banco oficial.