Un total de 19 implicados en los casos de presunta corrupción administrativa instrumentados contra las administraciones del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) han sido favorecidos por los tribunales de la República Dominicana debido a la falta de pruebas lícitas y suficientes. El Ministerio Público, representado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), no logró superar la fase de la instrucción en estas líneas de investigación particulares, lo que impidió que dichos ciudadanos fueran enviados a un juicio de fondo. Los dictámenes emitidos por los jueces penales correspondientes ordenaron el cese inmediato de las medidas de coerción que pesaban sobre este grupo de encartados, otorgándoles la libertad pura y simple.

Las decisiones del Poder Judicial se fundamentaron en el análisis riguroso de los elementos de prueba aportados por los fiscales. En los casos analizados, los magistrados determinaron que las imputaciones carecían de nexos causales claros, se basaban en evidencias recolectadas fuera de los plazos legales establecidos o violaban el debido proceso. Entre los beneficiados figuran exfuncionarios públicos de rango medio y alto, contratistas del Estado y personas particulares asociadas a los entramados societarios señalados en las auditorías de la Cámara de Cuentas, las cuales resultaron insuficientes para justificar la apertura de un juicio penal formal.

El dictamen de los autos de "no ha lugar" pone de manifiesto las dificultades técnico jurídicas que enfrenta la Procuraduría General al momento de sostener expedientes complejos en los tribunales ordinarios. Mientras las defensas técnicas lograron desmontar la validez de las acusaciones por fallas en la cadena de custodia y la tipificación de los delitos, el Ministerio Público ha visto limitado el alcance de sus persecuciones emblemáticas, abriendo un debate técnico sobre la calidad de la investigación penal frente al estándar exigido por el Código Procesal Penal dominicano.