La Cámara de Diputados de la República Dominicana fijará este martes su posición oficial sobre el destino del nuevo Código Penal, en medio de una intensa presión social y jurídica para que se aplace su entrada en vigor, pautada para el próximo 3 de agosto. La convocatoria a los medios de comunicación, programada para las 9:00 de la mañana en el despacho del presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, estará encabezada por la Comisión Coordinadora con representación de las distintas bancadas políticas, según informó la Cámara Baja mediante un comunicado oficial emitido la noche del lunes.

El pronunciamiento de los legisladores ocurre a menos de un mes de que el cuerpo legal empiece a regir en todo el territorio nacional, un escenario que mantiene en alerta a diversos sectores debido a contradicciones internas detectadas en el texto legal. Organizaciones institucionales y gremios profesionales han advertido de manera reiterada que la redacción actual de varios artículos vulnera garantías ciudadanas fundamentales, entre las cuales figuran el libre ejercicio de la libertad de expresión, la delimitación de responsabilidades por negligencia médica, los derechos reproductivos, la difamación, la injuria y el principio de no discriminación.

Ante este panorama, el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) manifestó formalmente su respaldo a la propuesta de suspender la vigencia de la reforma por un espacio aproximado de seis meses. El presidente del gremio, Trajano Potentini, explicó que la normativa penal arrastra fallas de fondo que requieren una intervención urgente antes de ser aplicada por los tribunales del país. "Respaldamos plenamente una prórroga legislativa que permita perfeccionar el texto, corregir las inconsistencias detectadas y garantizar que el nuevo Código Penal nazca fortalecido, respetando plenamente los principios y derechos constitucionales", argumentó el jurista. Con esta postura, el CARD se sumó a la línea fijada previamente por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), entidad que también defiende el otorgamiento de un plazo adicional para subsanar los cabos sueltos de la ley.

La inquietud jurídica ya se tradujo en acciones concretas dentro de las cámaras legislativas, donde la oposición política formalizó dos iniciativas para frenar el reloj institucional. En la Cámara de Diputados, el legislador Charlie Mariotti, representante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), depositó un proyecto de ley que persigue la extensión del plazo al considerar que el tiempo que resta para el inicio de la vigencia resulta materialmente insuficiente para corregir el articulado. Por su parte, en el Senado de la República, el legislador Edward Espíritusanto, perteneciente a la bancada del partido Fuerza del Pueblo (FP), introdujo una propuesta legislativa con el mismo propósito técnico.

El debate impacta directamente el ordenamiento institucional dominicano, pues la aprobación de una prórroga alteraría el cronograma de transición judicial y obligaría a mantener el código decimonónico vigente mientras se consensúan las reformas. Con la opinión pública atenta a los efectos sobre los derechos democráticos y la práctica médica, la rueda de prensa convocada en el Congreso Nacional definirá si las fuerzas mayoritarias mantienen la fecha de aplicación inalterable o si ceden espacio para abrir una nueva fase de revisión legislativa.