Un grupo de jueces, fiscales y especialistas en ciberseguridad de República Dominicana, Puerto Rico, Guatemala y Ecuador advirtió sobre el crecimiento de la criminalidad digital y la vulnerabilidad de niños, adolescentes y adultos mayores frente a estos delitos, durante el panel "Ciberseguridad y Sociedad: desafíos contemporáneos", realizado este lunes en la Universidad APEC, en Santo Domingo, según reportó Panorama. Los participantes coincidieron en que la respuesta del Estado no puede limitarse a perseguir los delitos una vez cometidos, sino que debe incorporar educación, prevención, protección de datos y cooperación entre países.

El exjuez de la Suprema Corte de Justicia Alejandro Moscoso Segarra planteó la necesidad de fortalecer la legislación dominicana y llamó la atención sobre un proyecto de ley de ciberseguridad que continúa pendiente de discusión en el Congreso Nacional. "La tecnología es utilizada lamentablemente para cometer crímenes", advirtió, al mencionar entre las principales amenazas la captación de personas con fines de trata, tráfico de órganos y explotación laboral a través de plataformas digitales.

Desde la perspectiva regional, la especialista puertorriqueña en gobernanza comunitaria Keren L. Riquelme Cabrera planteó que los países deben abandonar los esfuerzos aislados y construir redes de cooperación similares a las que utilizan las organizaciones criminales. "Todos nosotros tenemos un pedazo de inteligencia", sostuvo, al señalar que niños y adolescentes pueden ser captados mediante redes sociales y videojuegos en línea, mientras que los adultos mayores suelen ser víctimas de fraudes financieros y estafas románticas.

El general Claudio Miguel Peguero reconoció avances en la formación de jueces, fiscales y agentes policiales especializados en evidencia digital, aunque señaló que persisten oportunidades de mejora en la arquitectura institucional y en la ampliación de las unidades especializadas del Ministerio Público y la Policía. Explicó que modalidades como el phishing, el fraude por WhatsApp y la suplantación de identidad se apoyan en la ingeniería social, y precisó que en los casos de fraude bancario suele ser el propio usuario quien entrega sus credenciales a los delincuentes. "El sistema financiero no es víctima, el usuario es víctima", afirmó.

La exjueza de la Suprema Corte de Justicia Esther Agelán Casasnovas señaló que la mayoría de los ciberdelitos continúa regulada por la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, cuya reforma permanece pendiente, y que la ley de protección de datos personales vigente desde 2012 requiere una actualización urgente ante el avance de la digitalización. "Necesitamos control, necesitamos prevención para proteger nuestra intimidad", expresó. La especialista también alertó sobre el crecimiento de la desinformación coordinada, particularmente en períodos electorales, y advirtió que el país carece de una normativa que regule las redes sociales.

Consultados sobre la reciente ampliación de las redes de telecomunicaciones y las advertencias de la embajada de Estados Unidos respecto al uso de tecnología china, los panelistas evitaron pronunciarse sobre el componente político, aunque coincidieron en que el país debe tomar previsiones para no quedar en condición de vulnerabilidad. Los organizadores del encuentro plantearon como pendientes la actualización del marco jurídico, la mejora en la recolección de estadísticas sobre ciberdelitos y el desarrollo de programas permanentes de educación digital dirigidos a la población.