El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, descartó la ejecución de una escalada militar contra Cuba, argumentando ante la prensa en Washington que el gobierno de la isla ha perdido el control y se encuentra en un estado de colapso interno. Las declaraciones coinciden con un momento de máxima tensión regional tras la captura en enero del mandatario venezolano Nicolás Maduro, coyuntura que la administración estadounidense ha capitalizado para arreciar su campaña de presión sobre La Habana, exigiendo reformas económicas estructurales a cambio del levantamiento de las sanciones vigentes.

Paralelamente, el mandatario norteamericano anticipó que su gobierno emitirá próximamente un pronunciamiento oficial relativo al bloqueo petrolero que restringe el suministro de crudo hacia el territorio cubano. El anuncio político se produjo el mismo día en que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a través del fiscal general adjunto Todd Blanche, presentó una acusación formal en Miami contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años. Se le imputan cargos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, penalizados potencialmente con la pena de muerte, a raíz del derribo en 1996 de cuatro aviadores pertenecientes a la organización de exiliados Hermanos al Rescate.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó categóricamente la imputación judicial contra su predecesor, catalogando la medida como un expediente estrictamente político y carente de sustento jurídico formal. Según el gobernante cubano, esta acción judicial forma parte de una narrativa diseñada por la Casa Blanca para legitimar y justificar ante la comunidad internacional el desatino de una intervención o agresión armada directa contra la soberanía de la isla.