El populismo penal, el uso excesivo de la prisión preventiva, el aumento de las penas y las políticas de "mano dura" no son respuestas eficaces para reducir la delincuencia y pueden debilitar las garantías fundamentales, coincidieron los juristas nacionales e internacionales durante la segunda jornada del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional (TC) dominicano en torno al debido proceso en materia penal.

El jurista dominicano Francisco Álvarez atribuyó ese tipo de respuestas a las deficiencias de las instituciones del sistema de justicia, que según explicó actúan de forma descoordinada al no encontrar soluciones estructurales al problema de la criminalidad. "La Policía los mata en la calle y el tribunal los manda a prisión preventiva", afirmó, al advertir que ni el endurecimiento del Código Penal garantiza, por sí solo, el control del delito.

El argentino Alberto Binder planteó que enfrentar la criminalidad moderna exige fortalecer la inteligencia y la planificación de la persecución penal, y no soluciones inmediatistas basadas en un mayor ejercicio del poder punitivo. "Enfrentar la criminalidad moderna requiere inteligencia", sostuvo, en referencia a la necesidad de estrategias más sofisticadas frente a estructuras criminales organizadas. En la misma línea, el catedrático español Manuel Cancio Meliá cuestionó que se atribuya al derecho penal una capacidad que no tiene para resolver fenómenos complejos: "Le atribuimos al derecho penal un poder mágico del que carece", dijo.

Ambos expositores usaron el modelo de seguridad implementado en El Salvador por Nayib Bukele como ejemplo de los riesgos de la "mano dura": Binder lo describió como una estrategia con un fuerte componente de propaganda, mientras Cancio Meliá cuestionó las restricciones generalizadas de garantías procesales como mecanismo de combate al crimen.

Sobre la prisión preventiva, la jurista Emery Colomby Rodríguez reconoció que se ha abusado de esa medida, aunque atribuyó el problema a la falta de mecanismos institucionales para verificar el cumplimiento de alternativas a la cárcel, no a que estas sean ineficaces por definición. "No podemos abandonar las garantías", advirtió. El exjuez constitucional peruano Gerardo Eto Cruz coincidió en que el encarcelamiento preventivo sin justificación individualizada vulnera estándares de convencionalidad y constitucionalidad.

El constitucionalista dominicano Eduardo Jorge Prats centró su intervención en el caso dominicano, al que describió como un terreno particularmente fértil para el populismo penal, producto de lo que llamó una "alianza diabólica" entre medios, redes sociales, Policía y fiscales, que a su juicio favorece condenas anticipadas antes de que concluyan los procesos judiciales. Jorge Prats también cuestionó los incentivos dentro de la carrera judicial, que a su entender premian la severidad frente a las decisiones de excarcelación. Eto Cruz complementó ese señalamiento al hablar de un "populismo penal mediático" impulsado por la televisión y las redes sociales.

El VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, dedicado este año al debido proceso en materia penal, concluye este miércoles en Santo Domingo, en momentos en que el debate sobre inseguridad y respuestas punitivas mantiene protagonismo en la agenda pública dominicana.