La matriz eléctrica de la República Dominicana experimenta una transformación estructural con la incorporación de cerca de 40 proyectos de energía renovable en los últimos cinco años, un salto cuantitativo frente a las apenas 11 o 12 iniciativas operativas que registraba el país hasta el año 2019. Según informó el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Edward Veras, el sistema se encamina ahora hacia una nueva fase de evolución tecnológica enfocada en el almacenamiento a gran escala mediante baterías, la expansión de generación térmica de respaldo a gas natural y la modernización de la infraestructura física de distribución y transmisión a nivel nacional.

El desarrollo de esta infraestructura busca optimizar el uso de los parques solares durante las horas de mayor demanda. De acuerdo con Veras, el Estado dominicano ya concluyó una primera licitación pública orientada a proyectos renovables con almacenamiento y prepara un segundo concurso escalonado para asegurar el equilibrio de la red de las empresas distribuidoras. El funcionario adelantó que los primeros 150 megavatios de capacidad basados en almacenamiento con baterías comenzarán a inyectarse al Sistema Eléctrico Nacional a partir de finales de este año 2026, mitigando la intermitencia inherente a las fuentes limpias.

En términos estrictamente financieros, la maduración de estos contratos representa un alivio directo para el flujo de caja del sector público. El titular de la CNE detalló que la energía renovable contratada se comercializa actualmente a un costo promedio de 9 centavos de dólar por kilovatio-hora (kWh), en contraste con las fuentes no renovables tradicionales, cuyos precios oscilan entre los 15 y 16 centavos por kWh. La transición se apoyará además en la entrada en operación de cinco grandes turbinas a gas natural en los complejos térmicos de Manzanillo y Boca Chica, plantas que garantizarán el suministro hasta 2033 y forzarán una reducción en el costo de compra promedio de las distribuidoras a unos 11 centavos de dólar por kWh hacia el año 2030. Veras enfatizó la relevancia de este indicador económico al precisar que "cada centavo de reducción representa entre US$150 millones y US$200 millones de ahorro, fortaleciendo la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico".

Paralelamente, la generación distribuida mediante paneles solares privados en residencias, comercios e industrias ha mostrado un crecimiento exponencial bajo el amparo de los incentivos de la Ley 57-07, escalando de 80 megavatios en 2019 a cerca de 520 megavatios en el presente período, con más de 23,000 usuarios activos. El principal reto estratégico para el corto y mediano plazo radica en la adecuación de las líneas de transporte de alta tensión. Para abordar este cuello de botella, las autoridades de la Comisión Nacional de Energía confirmaron que se encuentran evaluando el diseño de nuevos mecanismos regulatorios para viabilizar la inyección de capital y la participación del sector privado en la expansión de la red nacional de transmisión.