La Asociación de Transportistas Escolares de la República Dominicana manifestó su rechazo absoluto a la iniciativa oficial de incorporar los centros educativos privados al Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), bajo el argumento de que la medida destruirá el sustento económico de miles de familias que dependen exclusivamente de este sector productivo. De acuerdo con las proyecciones del gremio, la ejecución de esta extensión estatal dejaría de forma inmediata a un rango de entre 7,000 y 8,000 conductores sin su fuente principal de ingresos económicos. Esta controvertida expansión del servicio público de autobuses hacia el sector escolar privado fue estructurada originalmente por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) en mayo de este año, concebida como una estrategia orientada a mitigar el congestionamiento vehicular y optimizar la movilidad urbana en las principales demarcaciones del país.

Sin embargo, los operadores tradicionales de este servicio consideran que la disposición gubernamental ignora la realidad de un sector que ha sostenido la logística educativa privada durante décadas de manera independiente. El presidente de la organización gremial, Jorge Ramírez, calificó el plan institucional como "injusta, arbitraria y lesiva" para las empresas y conductores independientes, criticando de forma enérgica que las autoridades tomaran la determinación de manera unilateral y sin abrir canales previos de diálogo con los actores que ya controlan el mercado.

Los transportistas argumentan que el desplazamiento de sus rutas tradicionales no toma en consideración las inversiones hechas por el sector privado ni el incremento sostenido en sus costos operativos anuales. "Nosotros tenemos entre 30 y 40 años dando un servicio y ni siquiera fuimos tomados en cuenta para conocer nuestras ideas o aprovechar la experiencia que hemos acumulado. Eso nos llena de incomodidad", aseveró Ramírez, enfatizando que los choferes tradicionales han garantizado la seguridad de los estudiantes durante cerca de cuatro décadas sin percibir subsidios estatales para la adquisición de combustibles ni incentivos fiscales para el mantenimiento de sus flotillas. La potencial absorción estatal de las rutas de colegios privados por parte del TRAE plantea un escenario de alta tensión laboral e institucional, mientras el gremio evalúa las acciones que implementará ante lo que consideran un desplazamiento forzoso por parte del Estado dominicano.