Un grupo de abogados, actuando en representación de los activistas Ricardo Ripoll, Eduardo Sánchez (Piro) y Hernani Aquino, intimó mediante acto de alguacil a la Junta Central Electoral (JCE) para que suspenda de inmediato la entrega de recursos públicos a las organizaciones políticas que han incumplido con la presentación de sus informes financieros. La acción legal (número 621-2026) surge tras la divulgación de auditorías de la Cámara de Cuentas que señalan una "estela de irregularidades" en la gestión de RD$28,671,536,593 distribuidos entre los partidos desde el año 2000 hasta septiembre de 2025.

El documento exige que el órgano electoral implemente medidas verificables en un plazo perentorio para garantizar que los fondos estatales no sigan siendo administrados al margen de la ley. Los accionistas advierten que, de no acatarse el requerimiento, procederán legalmente en diversas jurisdicciones, incluyendo la contencioso-administrativa. El recurso pone bajo escrutinio la labor de la JCE como garante de la transparencia, en un contexto donde el PLD (RD$6,924 millones), el PRD (RD$6,524 millones) y el PRSC (RD$4,139 millones) figuran como los mayores beneficiarios históricos de este presupuesto.

La lista de beneficiarios incluye a todo el espectro político, desde los partidos mayoritarios como el PRM (RD$3,739 millones) y la Fuerza del Pueblo (RD$1,972 millones), hasta organizaciones minoritarias con asignaciones millonarias. Para los demandantes, la continuidad de estos desembolsos sin una rendición de cuentas efectiva compromete la legalidad del Estado y exige una fiscalización drástica para evitar que el dinero del contribuyente sea utilizado sin el debido rigor institucional.