El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) cuestionó con severidad la reciente reforma exprés a la Ley 225-20 de Residuos Sólidos aprobada por el Congreso Nacional, advirtiendo que la medida generará una fuerte presión financiera sobre el sector productivo y los consumidores dominicanos. De acuerdo con las declaraciones de su presidente, Celso Juan Marranzini, esta modificación legislativa aprobada el pasado 30 de junio por el Senado de la República en una única discusión de urgencia incrementará las tarifas que las empresas deben pagar por la recogida, procesamiento y valorización de desechos hasta en un 1,000 % en comparación con la escala previa de la Ley 98-25. Este sorpresivo ajuste impositivo se produce apenas dos semanas después de la entrada en vigor de un plan fiscal estatal orientado a recaudar 50,000 millones de pesos, lo que a juicio del liderazgo empresarial intensifica la incertidumbre económica en el país.

El nuevo esquema aprobado por los legisladores establece que los negocios con ingresos anuales de hasta un millón de pesos pagarán una cuota de 5,000 pesos, una escala progresiva que sube hasta los 2.2 millones de pesos al año para aquellas corporaciones cuyas operaciones superen los 2,500 millones de pesos. Marranzini criticó con dureza la falta de transparencia y discusión de la pieza en las cámaras legislativas, calificando la experiencia de "funesta para generar confianza hacia el futuro". El líder empresarial apuntó directamente a las debilidades del proceso al señalar que "no se entiende este accionar", especialmente cuando reformas de este calibre se gestionan sin un diálogo técnico real con los sectores afectados ni con los propios administradores de los fondos.

La reforma impacta de forma directa la estructura del Fideicomiso DO Sostenible, entidad pública encargada de recibir y administrar lo recaudado para mitigar los vertederos a cielo abierto en la República Dominicana. Si bien el director del fideicomiso, Príamo Ureña, justificó la necesidad de mayores recursos argumentando que existe una marcada "brecha técnica-financiera", Marranzini denunció que el funcionario estuvo ausente en las discusiones del hemiciclo. "¿Cómo una ley se aprueba de urgencia para aumentar recursos, cuando el mismo director del fideicomiso no tiene ni idea de qué está haciendo el Congreso, o el Congreso no tiene ni idea de cuáles son los números del fideicomiso?", cuestionó el titular del Conep, exigiendo además auditorías claras sobre los estudios técnicos aplicados y los criterios para elegir a los gestores privados de basura.

Para la economía dominicana, esta legislación representa una seria contradicción en los esfuerzos por estabilizar los costos operativos de las empresas locales en medio de la inflación internacional. El gremio patronal advirtió que destinar fondos de este fideicomiso a la recolección municipal debilita su sostenibilidad interna y provocará ciclos viciosos de aumentos constantes cada vez que los recursos estatales resulten insuficientes. A pesar de reconocer avances tangibles en proyectos modelo de relleno sanitario como Vermont y la planta de reciclaje Renacer, el sector privado sostiene que el manejo imprevisto de las leyes daña el clima de inversión. La pieza se encuentra actualmente en manos del Poder Ejecutivo para su promulgación u observación; en este escenario, el Conep valoró la apertura previa de la gestión del presidente Luis Abinader para enmendar leyes en busca de equilibrio, por lo que el empresariado se mantendrá vigilante para profundizar en el fondo de la normativa y evitar que se repitan aprobaciones legislativas apresuradas.