La Secretaría de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este martes que las empresas distribuidoras de electricidad estatales (EdeSur, EdeNorte y EdeEste) están aplicando de forma irregular y arbitraria un cargo del 25 % por el uso de la red de distribución a los clientes de paneles solares fotovoltaicos adscritos al programa de medición neta. De acuerdo con el documento emitido por la organización de oposición y firmado por su titular, Martín Matos, este gravamen representa un abuso financiero y una vulneración flagrante a la seguridad jurídica de miles de hogares, familias de clase media y sectores productivos que realizaron inversiones económicas importantes en la generación de energía limpia para mitigar el impacto de las elevadas tarifas del sistema eléctrico nacional.

El órgano peledeísta argumentó que las distribuidoras, bajo el consentimiento de la Superintendencia de Electricidad (SIE), aplican de manera indebida la Resolución SIE-007-2026-REG. El PLD explicó que esta misma normativa establece de manera clara un período de transición de cinco años para todos aquellos clientes que ya contaban con acuerdos de interconexión y contratos vigentes en el esquema de medición neta antes de su entrada en vigor. Al aplicar el descuento de forma generalizada y retroactiva a usuarios con derechos adquiridos y contratos de interconexión previamente establecidos, las distribuidoras ignoran los marcos regulatorios y desincentivan la transición hacia matrices de generación renovable en el territorio dominicano.

A la par de la imposición de este cargo, la Secretaría de Energía y Minas de la organización opositora cuestionó la falta de transparencia en la facturación que actualmente reciben los usuarios. Según el partido político, los recibos de cobro distribuidos a los hogares no detallan con la debida claridad aspectos indispensables como el volumen de energía total generada por los paneles individuales, la cantidad inyectada a la red de distribución general y el consumo real facturado a los usuarios, lo que infringe las disposiciones de la Constitución de la República y la Ley General de Electricidad.

Ante el impacto directo en las finanzas de los consumidores dominicanos, el PLD solicitó la suspensión inmediata del cobro del 25 % a todos los clientes resguardados por el período de transición legal de cinco años, la restitución de los recursos descontados de manera irregular y el inicio de una auditoría exhaustiva a los sistemas de facturación de EdeSur, EdeNorte y EdeEste por medio de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom). Al fijar su postura sobre el conflicto, Matos fue tajante al señalar: "No permitiremos que la ineficiencia operativa y financiera del actual sistema eléctrico gubernamental pretenda ser subsuamada mediante el despojo y el atropello a los derechos de los ciudadanos". El proceso de facturación del sector se mantendrá bajo estrecha vigilancia civil y partidaria a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la Superintendencia de Electricidad que aclare los límites del cobro tarifario.