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José Dantés valora el fallo a favor de exministros del PLD y advierte sobre los riesgos de la judicialización selectiva

Mientras el tribunal dictó apertura a juicio para Donald Guerrero y otros 34 implicados en el presunto fraude de 19,000 millones, la defensa peledeísta reitera que el Ministerio Público ha sustentado casos en percepciones públicas más que en pruebas.

Redacción

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30 de mayo de 2026 a las 09:15 p. m.Lectura de 3 min

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José Dantés valora el fallo a favor de exministros del PLD y advierte sobre los riesgos de la judicialización selectiva

Fotografía: Fuente externa

El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, calificó la reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional como una reafirmación del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia. Sus declaraciones surgen tras el fallo emitido por la jueza Altagracia Ramírez, quien dictó un auto de "no ha lugar" a favor de los exministros José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros tres imputados, desvinculándolos de la acusación de un presunto fraude al Estado superior a los 19,000 millones de pesos.

Pese al descargo de estos altos dirigentes peledeístas, el tribunal dictaminó la apertura a juicio de fondo contra 35 de los 40 acusados originales presentados por el Ministerio Público. En este grupo figuran el exministro de Hacienda Donald Guerrero y el abogado Ángel Lockward, señalados como actores centrales del entramado. Sobre los procesados, Dantés enfatizó a través de la red social X que el futuro judicial de los implicados deberá definirse estrictamente con base en pruebas y conforme a derecho.

Desde el ámbito político, la cúpula del PLD aprovechó la coyuntura para reiterar que las investigaciones anticorrupción de los últimos años responden a una estrategia de judicialización selectiva. Según la organización opositora, se ha hecho un uso desmedido de los aparatos judicial y comunicacional para generar condenas públicas anticipadas y mermar la reputación de sus dirigentes mediante campañas mediáticas, socavando así las garantías de los derechos fundamentales frente al poder estatal.

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