Apenas un año después de la promulgación de la Ley 98-25, el Senado de la República evalúa una modificación estructural al sistema de cobro por manejo de residuos sólidos. El proyecto, sometido por el senador Edward Espiritusanto, propone sustituir los montos fijos basados en la facturación bruta por un modelo híbrido que considere la actividad económica, el volumen de desechos y la capacidad de ingresos. La pieza establece tasas que van desde un 0.25 % hasta un 1.5 % de la renta neta anual para las empresas con alta generación de residuos, manteniendo cuotas fijas de RD3,000yRD6,000 para los negocios más pequeños.

La iniciativa surge como respuesta a las quejas de gremios comerciales que califican de "abusivo" el esquema vigente, el cual impone pagos de hasta RD$675,000 sin distinguir si la empresa genera mucha o poca basura. Además del cambio en el cálculo, el proyecto plantea dos medidas de alto impacto político y social: la exención total de pagos para las ONGs y la eliminación del aporte de 20 pesos por habitante destinado a las alcaldías, argumentando falta de equidad y riesgo de discrecionalidad en el manejo de esos fondos. El Gobierno, a través del ministro Eduardo Sanz Lovatón, ya ha confirmado que existe un compromiso para reformar la ley antes de que concluya la actual legislatura en julio.