Durante el primer trimestre de 2026, la crisis de seguridad en Haití alcanzó niveles críticos con un saldo de 1,642 muertos y 745 heridos, según el informe trimestral de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas (BINUH). El reporte revela un cambio alarmante en la dinámica de la violencia: mientras las bandas armadas fueron responsables del 27 % de las víctimas, las operaciones de las fuerzas de seguridad contra las pandillas causaron el 69 % de las muertes, dejando a su paso decenas de civiles fallecidos, incluidos menores de edad.

La violencia se ha diversificado con el uso de drones cargados con explosivos, que ya han cobrado la vida o herido a 69 personas. A pesar de que la presencia policial ha logrado contener la expansión territorial de los grupos criminales en ciertos puntos de Puerto Príncipe, el control de las bandas en otras zonas sigue traduciéndose en secuestros, extorsiones y una sistemática violencia sexual contra mujeres y adolescentes, utilizada como herramienta de control social.

Ante este escenario, la ONU ha denunciado la persistencia de ejecuciones sumarias cometidas por miembros de la Policía Nacional de Haití (PNH), registrando al menos 33 casos documentados. Como respuesta estratégica, el organismo recomienda al Gobierno haitiano acelerar la depuración de sus cuerpos policiales y solicita a la comunidad internacional garantizar el financiamiento y despliegue de los 5,500 agentes previstos para la Fuerza de Supresión de las Pandillas (GSF), con el fin de estabilizar el territorio.