Un total de 33 partidos y movimientos minoritarios comparecieron ayer ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) para defender su personería jurídica y el financiamiento público que reciben, en el marco de un recurso interpuesto por Proyecto Visión Nación (PVN) que procura retirar el reconocimiento a las organizaciones que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024. Al concluir una audiencia maratónica, el tribunal cerró los debates y dejó el expediente encaminado a fallo reservado.

El presidente del TSE, Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, concedió un plazo común de 10 días para que las partes depositen los escritos justificativos de sus conclusiones, sin posibilidad de introducir nuevas pretensiones. Vencido ese término, el caso pasará formalmente a fallo reservado.

Durante la audiencia, en la que intervinieron los abogados de gran parte de las organizaciones puestas en causa, la Junta Central Electoral (JCE) y los propios accionantes, el planteamiento que más se repitió fue el cuestionamiento a la calidad de PVN para accionar, debido a que esa organización carece de personería jurídica reconocida por la JCE. La propia Junta se sumó a ese argumento y solicitó excluir a PVN del proceso por considerar que no tiene legitimación procesal activa. Los defensores de los partidos recurridos alegaron además que los accionantes no impugnaron a tiempo las resoluciones con las que la JCE determinó, tras los comicios de 2024, qué organizaciones conservarían su reconocimiento.

El representante de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Juárez Castillo, protagonizó una de las intervenciones más duras al atribuir la demanda al resentimiento de José Christopher Ramírez por no haber logrado el reconocimiento de su propia organización, señalando que este buscaría que "le quiten el reconocimiento a todos los demás". Sus calificativos contra Ramírez generaron reproches de la parte accionante, que consideró que el debate se desvió hacia el terreno personal.

Ramírez rechazó las descalificaciones y sostuvo que la situación jurídica de PVN sigue judicializada, por lo que negó que su capacidad de acción ante los tribunales esté definitivamente extinguida. Su abogado indicó que la acción cuestiona, entre otros actos, la Resolución 01-2026 de la JCE sobre distribución del financiamiento público, y argumentó que deben considerarse los votos propios obtenidos por cada organización en su casilla para determinados efectos jurídicos.

Las organizaciones recurridas, por su parte, invocaron la sentencia TC/0146/21 del Tribunal Constitucional, que estableció que no resulta razonable retirar automáticamente el reconocimiento a una agrupación que, aun sin alcanzar el 1 % de los votos, haya obtenido representación electoral. Bajo ese criterio, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC) alegó que, pese a que se le atribuye apenas un 0.11 % de los votos, logró representación municipal con la elección de Aneuri Cordero Mateo como director del distrito municipal de Jínova. La JCE respaldó esa posición y defendió la aplicación de criterios que toman en cuenta no solo el porcentaje de votos, sino también la representación electoral alcanzada.

Con el expediente ya cerrado a nuevas pretensiones, el TSE deberá resolver primero los cuestionamientos sobre calidad, admisibilidad y competencia planteados durante la audiencia y, de corresponder, entrar al fondo para fijar el alcance de las reglas que rigen la conservación de la personería jurídica de los partidos minoritarios del país.