La propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, de trasladar el debate sobre la cesantía laboral desde el nuevo Código de Trabajo hacia una futura reforma de la Ley de Seguridad Social (87-01), generó un rechazo inmediato y unánime por parte de los sectores empresarial, sindical y legislativo. La iniciativa buscaba agilizar la aprobación de la reforma laboral actualmente pendiente de su segunda discusión en la Cámara Baja dejando intacto el régimen actual de prestaciones y postergando el conflicto de intereses. Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) reaccionaron de forma coordinada exigiendo mantener la discusión en su marco original.

Por el lado empresarial, Laura Peña Izquierdo, presidenta de Copardom, argumentó que la cesantía no puede desvincularse del Código de Trabajo debido a que impacta de manera directa en el costo laboral general y se relaciona con otros consensos tripartitos que, a su juicio, no se han respetado adecuadamente. Por su parte, Rafael -Pepe- Abreu, presidente de la CNUS, calificó la indemnización por despido como un derecho innegociable e irrenunciable mientras persista la figura legal del desahucio. Abreu recordó además el precedente histórico del año 2001, cuando se intentó infructuosamente sustituir la cesantía por un seguro de desempleo, un proceso que fracasó debido a la falta de viabilidad financiera y la ausencia de consensos.

En el ámbito congresual, legisladores tanto de la bancada oficialista (PRM) como de la oposición (Fuerza del Pueblo) tildaron la propuesta de inviable, utilizando metáforas como la de intentar "mezclar agua con aceite" para evidenciar la incompatibilidad de ambas normativas. Los congresistas señalaron que el traslado de este debate a la Ley de Seguridad Social desnaturalizaría los objetivos de cobertura de salud y pensiones de la legislación 87-01, añadiendo un elemento de retraso innecesario a una reforma laboral que ya ha sido sancionada en primera lectura y requiere definiciones estructurales definitivas en lugar de paliativos políticos.