El presidente Luis Abinader firmó el Decreto 615-26, mediante el cual el Gobierno dominicano declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad del Estado la prevención, detección, investigación y combate del denominado “terrorismo medioambiental”.

La medida busca fortalecer la respuesta institucional frente a acciones deliberadas que provoquen daños graves a parques nacionales, recursos naturales, ecosistemas e infraestructuras ambientales consideradas esenciales para el país.

Durante la presentación de la disposición, Abinader advirtió que las autoridades actuarán con firmeza contra quienes afecten áreas protegidas. El mandatario sostuvo que la respuesta alcanzará tanto a los autores materiales como a quienes financien, ordenen o faciliten las acciones ilegales.

El decreto establece como activos de especial protección los sistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, acuíferos, manglares, humedales, arrecifes coralinos, bosques protectores y nacimientos de ríos.

También incluye infraestructuras relacionadas con el abastecimiento de agua, entre ellas presas, embalses, canales principales de riego, acueductos y plantas de tratamiento, así como instalaciones vinculadas al saneamiento y la energía.

Una de las principales disposiciones ordena la creación de una Política Nacional de Prevención contra el terrorismo medioambiental, con participación del Ministerio de Defensa, Medio Ambiente, Interior y Policía, Justicia, la Dirección Nacional de Inteligencia, Migración y organismos antiterroristas, además del Ministerio Público cuando corresponda.

La política deberá concentrarse en la protección de cuencas, bosques y áreas protegidas, la prevención de incendios forestales provocados y la seguridad de infraestructuras de agua potable, saneamiento y energía.

El Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista también deberán incorporar en sus planes operativos la identificación, prevención y neutralización de amenazas contra las infraestructuras ecológicas estratégicas.

La normativa establece, además, que cuando se produzcan agresiones contra el patrimonio ambiental, estas deberán ser remitidas al Ministerio Público, que tendrá la responsabilidad de determinar las infracciones correspondientes, ejercer la acción penal y dirigir las investigaciones.

Un aspecto relevante es que el decreto no establece un nuevo delito denominado “terrorismo medioambiental”. La propia disposición aclara que no crea un nuevo tipo penal ni modifica los elementos de los delitos existentes. El término será utilizado para identificar, dentro de la coordinación estatal, aquellas acciones graves que puedan reunir los elementos establecidos en la legislación antiterrorista y penal.

El Gobierno también anunció que las acciones contra los parques nacionales podrán enfrentar penas de 20 a 30 años, conforme a las disposiciones penales aplicables y a la calificación jurídica de cada caso. Abinader justificó el endurecimiento de la respuesta señalando que anteriormente algunos acusados por daños ambientales recuperaban su libertad pocos días después.

La estrategia incluye la participación de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Protección Ambiental y la Dirección General de Migración, que trabajarán de manera coordinada para ejecutar las medidas.

El decreto también contempla la participación ciudadana. Las instituciones competentes deberán habilitar mecanismos de denuncia confidencial para reportar actividades que amenacen los recursos naturales estratégicos, garantizando protección a quienes colaboren de buena fe.

La decisión se produce en un contexto de preocupación por incendios forestales, extracción ilegal de materiales y otras intervenciones que afectan áreas protegidas y cuencas hidrográficas. El Gobierno ha señalado particularmente la situación de las cuencas de los ríos Haina y Nizao y el deterioro de ecosistemas considerados fundamentales para la seguridad hídrica y ambiental.

El nuevo marco coloca la protección del patrimonio natural dentro de una perspectiva de seguridad nacional, al involucrar no solo a las autoridades ambientales, sino también a organismos militares, policiales, migratorios y de inteligencia.

Organizaciones ambientales, sin embargo, han advertido que la efectividad de la medida dependerá de su aplicación. El Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas señaló que muchas de las conductas que se pretende combatir ya estaban prohibidas y sancionadas por la legislación ambiental, por lo que el principal reto será traducir el decreto en investigaciones, sanciones y restauración efectiva de los ecosistemas afectados.