El informe regional "Violencia contra niñas, niños y adolescentes en América Latina y el Caribe" (2026) sitúa a la República Dominicana en un escenario crítico: el 63% de los menores en el país están expuestos a disciplina violenta, superando el promedio de la región (60%). Lo más preocupante del estudio no es solo la cifra, sino la normalización social del castigo físico y psicológico en el hogar, la escuela y la comunidad, lo que UNICEF califica como una "experiencia acumulativa" que comienza en la infancia temprana.

Desde una perspectiva científica, el impacto trasciende lo emocional para convertirse en un problema de salud pública y biología. Citando investigaciones de la OMS (2025) y The Lancet, la exposición al maltrato grave genera estrés tóxico, una respuesta fisiológica que puede alterar físicamente el desarrollo del cerebro. Esto tiene efectos cuantificables: el 30% de los niños afectados muestra bajo rendimiento académico y el 40% presenta problemas de salud mental. A largo plazo, esta violencia erosiona el capital humano del país, limitando su potencial de desarrollo económico y perpetuando ciclos de agresión en la adultez.

La solución planteada por organismos internacionales no es solo legislativa, sino cultural. Carlos Carrera, representante de UNICEF en el país, enfatiza que la violencia es prevenible mediante políticas basadas en evidencia, como la promoción de la disciplina positiva y el fortalecimiento de los sistemas de protección familiar. El desafío para la sociedad dominicana en este Mes de la Prevención del Abuso Infantil es transitar del reconocimiento de las cifras a la acción determinante para proteger el futuro cerebral y social de sus ciudadanos más jóvenes.