La desclasificación de 40 documentos sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta el pasado 30 y 31 de julio ha desatado una nueva tormenta política contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La oposición sostiene que los papeles, hechos públicos el miércoles por La Moncloa, demuestran que las autoridades españolas fueron advertidas antes de que más de 70,000 personas cruzaran la frontera desde Marruecos, y acusa al Ejecutivo no solo de imprevisión, sino de haber ocultado lo que sabía.

El documento más señalado corresponde al 29 de julio, un día antes de la avalancha. Según los papeles desclasificados, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) comunicó por WhatsApp a la Delegación del Gobierno en Ceuta la existencia de un llamamiento en redes sociales para un "asalto por valla y mar", coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí, y precisó que dos grupos convocantes sumaban unos 180,000 seguidores. El mismo día, el CNI trasladó una alerta similar a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED, mientras que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional había clasificado ya como "riesgo muy alto" los intentos de cruce a nado.

El Gobierno rechaza que aquello constituyera una alerta formal. Una portavoz de La Moncloa sostuvo que la comunicación del 29 de julio fue "informativa" y no un informe de alerta, y remarcó que el propio CNI reconoció no haber anticipado "la magnitud y naturaleza" de lo ocurrido. La oposición rechaza esa distinción: el Partido Popular calificó las revelaciones de "mentira de Estado" y reclamó elecciones a través de su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, mientras que su líder, Alberto Núñez Feijóo, denunció que los documentos entregados están "recortados". Vox fue más lejos: su portavoz, Pepa Millán, habló de una "mentira criminal" y el partido pidió activar el artículo 102 de la Constitución para que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgue al Gobierno por traición.

La controversia también dejó fisuras dentro de la propia mayoría parlamentaria de Sánchez. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, interpretó los documentos como evidencia de una desconexión entre los servicios de inteligencia y el Ejecutivo: "El Gobierno no controla una parte de su Estado. Gobierna sí, pero no manda", afirmó. Por su parte, Sumar pidió ampliar la desclasificación a archivos históricos relacionados con la Marcha Verde y la salida española de Marruecos en 1975.

Los documentos añaden una dimensión adicional: la actuación de las autoridades marroquíes. Un informe del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas calificó de "pasiva" la respuesta de Rabat y consideró probable una actuación negligente, aunque sin pruebas de una organización deliberada del cruce masivo. Sánchez ha insistido en que no existen elementos para responsabilizar a Marruecos de haber orquestado los hechos.

La presión se concentra también en el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien diputados del PP acusaron de "negligencia dolosa", cargo que el ministro rechazó públicamente. Con los documentos ya sobre la mesa, el debate político se centra ahora en una distinción que ninguna de las partes logra zanjar: la diferencia entre desconocer la magnitud de una amenaza y desconocer por completo su existencia.