El Tribunal Superior Electoral (TSE) decidirá el próximo 25 de agosto si 33 partidos y movimientos políticos minoritarios conservan o pierden su personería jurídica, una determinación de la que depende, en la práctica, si esas organizaciones seguirán recibiendo financiamiento público. Mientras el proceso judicial avanza, los 33 partidos han continuado cobrando: solo en 2026 se han repartido RD$129.6 millones entre ellos, a razón de RD$3,927,272.73 por organización, independientemente de la cantidad de votos que hayan obtenido, según reporta Diario Libre.

El caso más ilustrativo es el del Movimiento Político Águila, que obtuvo 731 votos en las elecciones de 2024, frente al Movimiento Independiente del Municipio de Consuelo, que no registró ningún voto. Ambos reciben la misma asignación, al igual que otras agrupaciones como el Movimiento Independiente Unidad y Progreso (MIUP) y el Movimiento Humanista Independiente.

La Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece en su artículo 75 que una organización pierde su personería jurídica si no alcanza el umbral mínimo de votación fijado en 1% de los votos válidos ni logra representación congresual o municipal. Sin embargo, ese esquema se modificó a partir de una decisión del Tribunal Constitucional (TC) de 2021, que calificó de "irrazonable" despojar automáticamente de su reconocimiento a un partido que, pese a no alcanzar el porcentaje exigido, hubiese ganado un puesto directo en un ayuntamiento o en el Congreso. Posteriormente, al examinar en 2023 el caso del Partido Demócrata Institucional (PDI), la Junta Central Electoral (JCE) amplió ese criterio: si varios partidos concurren en alianza y de esa unión resulta un candidato electo, la representación puede beneficiar a todas las organizaciones integrantes del pacto, no solo a la que encabezó la boleta.

La controversia volvió al Tribunal Constitucional este mes. En una sentencia del 11 de agosto, el TC rechazó un recurso presentado por los partidos Justicia Social (PJS), Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) contra una decisión previa del TSE, estableciendo que conservar la personería jurídica y determinar el monto de financiamiento que corresponde a una organización son dos asuntos distintos: mientras una agrupación mantenga su reconocimiento legal, seguirá recibiendo recursos del Estado.

Quien impulsa la disputa de fondo es Proyecto Visión Nación (PVN), plataforma encabezada por José Cristopher Ramírez, que solicitó al TSE anular la personería jurídica de los 33 partidos y, de manera paralela, suspender provisionalmente el desembolso de fondos, bajo el argumento de que el Estado difícilmente podría recuperar el dinero si los tribunales terminan disolviendo esas organizaciones. La JCE defendió el reparto alegando que aplicaba las reglas vigentes y una orden del TSE de financiar a las organizaciones reconocidas, y sus abogados sostuvieron en audiencia que la solicitud de suspensión "carecía de objeto" porque el presupuesto de 2026 ya había sido distribuido. El TSE rechazó ese argumento por falta de certificaciones que probaran la transferencia total de los recursos, pero tampoco congeló los fondos, al considerar que la petición no cumplía los requisitos del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales para una medida cautelar.

De los RD$1,620 millones presupuestados este año para el financiamiento de partidos, los mayoritarios PRM, Fuerza del Pueblo y PLD reciben el 80%, equivalente a RD$432 millones cada uno, mientras cinco partidos intermedios se reparten RD$38.88 millones por organización. La audiencia del 25 de agosto determinará si los 33 partidos minoritarios conservan legítimamente su reconocimiento y, con ello, su acceso futuro a esos fondos públicos.