La comunidad de Las Flores, en Santo Domingo Oeste, marchó la tarde de este sábado para exigir al presidente Luis Abinader que declare de utilidad pública los terrenos reservados desde hace 18 años para construir una escuela básica y un liceo en el sector. De la manifestación, encabezada por la junta de vecinos, participaron familias, estudiantes y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD), Manuel Mercedes Medina, quienes recorrieron el trayecto desde los locales alquilados donde opera actualmente el centro educativo hasta los terrenos en disputa, entre consignas como "Sin educación no hay futuro" y "La escuela es la que va".

De acuerdo con la representante de la junta de vecinos, María Magdalena Rondón, la escuela funciona desde hace unos 15 años en tres locales alquilados, por los que el Estado paga alrededor de RD$130,000 mensuales. "El reclamo es por la construcción de la escuela de nuestro sector, de la comunidad de Las Flores, ya que estamos en tres locales alquilados", señaló. Según explicó, el nivel primario agrupa a unos 600 estudiantes, mientras más de 400 alumnos de secundaria deben trasladarse diariamente a centros educativos de comunidades cercanas, en algunos casos cruzando vías de alto tránsito, lo que representa un riesgo para ellos.

El reclamo se intensificó luego de que, hace ocho días, una compañía que se identifica como propietaria de los terrenos intentara derribar una pared levantada en el espacio destinado a los planteles, de acuerdo con Rondón. Días antes de esta marcha, el portal El Nuevo Diario había reportado que la movilización de los vecinos de Las Flores de Pantoja respondía a una orden de desalojo emitida por el Abogado del Estado, que según los residentes incluía el derribo de los muros que resguardan el terreno.

"Hoy, señor presidente, estamos calentando el brazo porque no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que sea derribada esa pared. Exigimos la construcción de la escuela y que sean declarados de utilidad pública esos terrenos", manifestó Rondón, quien afirmó además que el Ministerio de Educación ya ha invertido más de 100 millones de pesos en el proyecto.

El presidente de la CNDH-RD, Manuel Mercedes Medina, respaldó ese señalamiento y cuestionó que, pese a esa inversión, la comunidad continúe sin las edificaciones escolares. "El Estado dominicano invirtió 100 millones de pesos para construir una escuela y un liceo", afirmó, y pidió a Abinader emitir un decreto que declare los terrenos de utilidad pública para garantizar que se mantengan destinados a fines educativos. Advirtió que las organizaciones comunitarias seguirán movilizadas hasta obtener una respuesta oficial. "Estamos pidiendo un derecho que nos concierne: la educación de nuestros hijos", expresó.

Mercedes Medina indicó que la comunidad ha realizado gestiones ante las autoridades educativas para plantear la situación, pero que hasta el momento no ha recibido una respuesta que resuelva el conflicto. La junta de vecinos y las organizaciones que respaldan el reclamo anunciaron que las movilizaciones continuarán en los próximos días mientras esperan una decisión del Poder Ejecutivo sobre la declaratoria de utilidad pública de los terrenos, que, según los residentes, permitiría además atender la demanda educativa de comunidades vecinas.