El gobierno de Estados Unidos canceló más de mil visas durante agosto por uso indebido de las mismas, incluyendo casos de mujeres que viajaron para dar a luz en territorio estadounidense y personas que excedieron el tiempo autorizado de estadía, según reveló el abogado migratorio Julio Rodríguez. La medida se enmarca en el endurecimiento de las políticas de revisión y seguridad migratoria de la administración de Donald Trump, que according to el Departamento de Estado ha revocado más de 175,000 visas a ciudadanos extranjeros desde el regreso del mandatario a la Casa Blanca en enero de 2025, cifra que en apenas siete meses aumentó en 75,000 respecto al balance de 100,000 reportado en enero de este año.

Rodríguez explicó que ahora una persona que permanezca más de dos o tres meses en Estados Unidos puede arriesgar su visa, y que las autoridades han intensificado el monitoreo de mujeres embarazadas que viajan con la intención de dar a luz en el país. El especialista detalló además que, en el caso de peticiones familiares o de matrimonio donde el peticionario sea de la tercera edad, carezca de solvencia económica o empleo, o no demuestre ser un garante confiable, el beneficiario deberá depositar una fianza de entre 150,000 y 200,000 dólares para evitar convertirse en una carga pública. Sobre el proceso migratorio estadounidense, Rodríguez señaló que a diferencia de Canadá o Europa, donde no se exige contacto directo con el solicitante, en Estados Unidos "hay una preparación técnica antes de tú ir al consulado".

Entre las principales causas de cancelación identificadas figuran los delitos y faltas legales como conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones, robos o fraude, el abuso del sistema de asilo mediante visas de turismo y negocios (B1/B2) emitidas entre 2016 y 2026, la violación de los términos del visado por exceso de estadía o trabajo no autorizado, el llamado turismo de maternidad y los casos vinculados a riesgos de seguridad nacional.

De forma paralela, el Departamento de Estado confirmó esta semana la suspensión temporal de las citas para visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo, con el fin de capacitar a su personal consular en nuevos criterios para detectar solicitantes con probabilidades de convertirse en carga pública. La pausa no afecta las visas de turismo, negocios ni estudiantes, y la institución no ha precisado cuándo se normalizará el servicio.

La medida golpea de manera directa a República Dominicana, que según datos de la Embajada estadounidense en Santo Domingo es el segundo país del mundo, solo detrás de México, en volumen de procesamiento de visas de inmigrante, con más de 54,000 solicitudes tramitadas en los primeros ocho meses del año fiscal. Solicitantes dominicanos ya comenzaron a recibir, desde el 27 de agosto, correos de reprogramación de sus citas consulares, de acuerdo con reportes de abogados de inmigración que atienden casos en el país. Las autoridades estadounidenses insisten en que la visa es un privilegio revocable y no un derecho, mientras miles de trámites en curso quedan a la espera de una nueva fecha.