El Colegio Médico Dominicano (CMD) expresó su profundo rechazo a las implicaciones derivadas de la entrada en vigencia de las leyes 74-25 y 97-25, correspondientes a los nuevos códigos Penal y Procesal Penal. La agrupación gremial advierte que la aplicación concurrente de estas normativas amenaza con disparar la judicialización de la práctica médica en el país, forzando a los profesionales a ejercer una "medicina defensiva" enfocada en mitigar riesgos legales en lugar de agilizar los diagnósticos.

De acuerdo con un comunicado oficial de la entidad, el temor a las nuevas tipificaciones y sanciones penales podría dilatar la toma de decisiones clínicas oportunas, lo que repercutiría directamente en un incremento sustancial de los costos operativos y en una drástica reducción del acceso ciudadano a los servicios de salud especializados. El gremio sostiene que someter al personal médico a la amenaza constante de procesos de índole penal genera un clima de severa inseguridad jurídica para el sector.

Frente a este panorama, el CMD aclaró que su objetivo no es procurar impunidad ante casos de negligencia comprobada, sino establecer un marco legal equilibrado. La propuesta central del gremio radica en que las controversias derivadas de resultados clínicos adversos donde no exista fraude, dolo o negligencia temeraria sean canalizadas exclusivamente a través de jurisdicciones civiles, administrativas o disciplinarias, reservando la vía penal para aquellas infracciones con intencionalidad demostrable.