La Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional fijó para el próximo 23 de julio de 2026 el inicio del juicio de fondo contra los hermanos Espaillat, acusados de homicidio involuntario tras el colapso estructural ocurrido en las instalaciones de la discoteca Jet Set el año pasado. De acuerdo con el auto de apertura emitido por las autoridades judiciales en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el tribunal penal conocerá las pruebas presentadas por el Ministerio Público que vinculan directamente a los imputados con presuntas negligencias en los procesos de readecuación física del emblemático centro de diversión nocturna, ubicado en la avenida Albert Thomas de la capital dominicana.

El expediente penal señala que los encartados, quienes fungían como propietarios y desarrolladores de la remodelación, incurrieron en violaciones flagrantes a la Ley 687 que regula el sistema de ordenamiento y construcción de obras en la República Dominicana, así como a las disposiciones establecidas en el Código Penal Dominicano relativas a la imprudencia y la inobservancia de los reglamentos técnicos. El siniestro, registrado durante la ejecución de unos trabajos de ampliación en el área del techo de la estructura, provocó la muerte instantánea del obrero haitiano Jean Claude Pierre y causó heridas de gravedad a otros tres trabajadores que se encontraban en la planta física al momento del desprendimiento del hormigón.

Durante la fase de instrucción, el órgano persecutor penal logró la validación de un robusto legajo probatorio que incluye los peritajes de ingeniería estructural realizados por peritos del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) y técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Estos informes técnicos determinaron que la edificación no contaba con los permisos de uso de suelo ni las certificaciones de carga requeridas para soportar las modificaciones que se estaban ejecutando, evidenciando una falta de fiscalización y rigurosidad que debilitó los soportes principales del establecimiento.

Este proceso judicial marca un hito en la jurisprudencia del sector inmobiliario y de la construcción en el país, ya que expone la urgente necesidad de endurecer las sanciones penales contra los constructores que operan al margen de la ley. La tragedia del Jet Set reavivó el debate nacional sobre los vacíos de control institucional en las remodelaciones comerciales urbanas y cómo la informalidad técnica en obras privadas pone en riesgo la seguridad pública. Con la asignación formal de la sala penal, queda pendiente que las partes involucradas presenten sus alegatos iniciales y comparezcan ante el juez en una serie de audiencias que determinarán el grado de responsabilidad civil y penal de los acusados.