El Ministerio Público de la República Dominicana reveló que los implicados en la denominada Operación Onco14 administraban tratamientos oncológicos incompletos, adulterados y con insumos vencidos a pacientes con cáncer que asistían al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS). Según consta en la solicitud de medida de coerción depositada ante los tribunales, esta supuesta red criminal operaba una estructura dedicada a la falsificación, comercialización ilícita y alteración de medicamentos de alto costo, estafando al Estado dominicano y poniendo en riesgo inminente la vida de decenas de personas en condiciones de salud altamente vulnerables.

De acuerdo con el documento de la investigación penal, los imputados utilizaban jeringas y materiales médicos con fechas de caducidad superadas para diluir y preparar las dosis destinadas a las quimioterapias. Las pesquisas señalan que los acusados no suministraban la cantidad prescrita por los especialistas, sino que completaban los viales utilizando sustancias distintas o entregando dosis parciales. Esta práctica les permitía quedarse con un excedente de los costosos fármacos oncológicos provistos por el Estado a través del Programa de Medicamentos de Alto Costo, el cual posteriormente era introducido al mercado ilegal para su venta a farmacias y particulares.

Para encubrir el fraude y mantener la apariencia de legalidad en los inventarios, los miembros de la supuesta organización delictiva alteraban sistemáticamente las bitácoras y los registros de enfermería de la institución. El Ministerio Público afirma en su expediente que el entramado recurría a la "falsificación de firmas de médicos especialistas" y al uso de sellos institucionales alterados para autorizar y justificar la supuesta entrega completa de los tratamientos a pacientes que, en realidad, nunca recibieron la terapia adecuada. Los fiscales actuantes tipifican estas acciones como delitos de coalición de funcionarios, falsedad en escrituras públicas y privadas, y violación flagrante a la Ley General de Salud.

Las autoridades judiciales indicaron que el impacto de este esquema corrupto generó pérdidas millonarias directas al presupuesto de salud pública, además del daño clínico irreparable infligido a los pacientes, quienes sufrían un progresivo deterioro en su estado de salud al recibir terapias ineficaces. La fiscalía adelantó que cuenta con auditorías de inventario, testimonios de personal médico y peritajes químicos realizados a las sustancias incautadas durante los allanamientos que sustentan la acusación. El proceso penal queda ahora a la espera de que el tribunal de instrucción fije la fecha para el conocimiento de la solicitud de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra los catorce detenidos en la operación.