Decenas de proyectos de ley de peso quedarán fuera de circulación este fin de semana en el Congreso Nacional, al vencerse este domingo el plazo de dos legislaturas ordinarias sin haber sido convertidos en ley, según reportó el Periódico elCaribe. Otro grupo de iniciativas, aunque no perime formalmente, tampoco será conocido antes del cierre del actual período legislativo y deberá esperar hasta después del 16 de agosto, cuando arranca la próxima legislatura ordinaria.

Entre las piezas que caducan el 26 de julio figura la reforma al Código Laboral (Ley 16-92), enviada por el Poder Ejecutivo y aprobada ya por el Senado, que acumula casi dos años de trámite. El pasado 17 de julio venció el plazo de 30 días que, a solicitud del presidente Luis Abinader, se había otorgado a la Comisión Permanente de Trabajo de la Cámara de Diputados para que los sectores empresarial y laboral alcanzaran un consenso sobre los puntos pendientes, sin tocar la cesantía; el plazo se cumplió sin que se produjera un informe. La reforma contempla la incorporación del teletrabajo, la regulación del trabajo doméstico, la digitalización judicial y la figura del juez conciliador, entre otros cambios.

En la misma fecha vence el proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional (Ley 590-16), que recibió más de 60 modificaciones en sus dos aprobaciones en el Senado y que incorpora nuevos protocolos de patrullaje, mayor énfasis en la formación en derechos humanos y una regulación más estricta del uso de la fuerza; pese a que la Comisión Permanente de Interior y Policía de la Cámara Baja pretendía rendir su informe el martes, no lo hizo a tiempo. También caduca uno de los tres proyectos de ley de aguas depositados en el Congreso, mientras el Poder Ejecutivo continúa sin remitir la propuesta propia que había prometido, al igual que ocurre con la revisión integral a la Ley de Seguridad Social (Ley 87-01), reclamada por distintos sectores para corregir fallas acumuladas en más de 25 años de vigencia.

El proyecto matriz de un nuevo Código Civil, sometido por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, también perime este domingo; la norma vigente data de 1844 y no ha tenido una revisión integral desde entonces. A esto se suman más de 70 leyes que la Constitución dominicana, desde sus reformas de 2010 y 2024, ordena crear o adecuar —entre ellas las de participación ciudadana y referendo, servicio civil o militar obligatorio, acceso a propiedad inmobiliaria titulada y protección a denunciantes de faltas de funcionarios públicos— y que el Congreso continúa sin atender.

Uno de los casos que genera mayor atención es el de la reforma integral "Déjala Ir", un paquete de 18 proyectos de ley presentado el 13 de octubre de 2025 por la diputada Kimberly Taveras con el objetivo de reducir en un 30 % los feminicidios y filicidios para 2030 y erradicarlos para 2035. El Congreso se encamina a dejar perimir la totalidad de esas iniciativas, en momentos en que los feminicidios aumentaron un 74 % durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con la organización Vida Sin Violencia. Igual destino corren los proyectos de ley vinculados a la tragedia de Jet Set, ocurrida el 8 de abril de 2025: aunque fueron reintroducidos de manera paulatina en esta legislatura, tanto senadores como diputados algunos de ellos sobrevivientes o familiares de víctimas dejarán su tratamiento para después de agosto. El Congreso retomará estas y otras discusiones pendientes en la próxima legislatura ordinaria, con el reto de decidir cuáles de estas iniciativas represadas recibirán prioridad real esta vez.