Los propietarios del emblemático centro de entretenimiento Jet Set interpusieron un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, con el objetivo de impugnar la modalidad de ejecución de las medidas conservatorias dictadas en su contra. De acuerdo con la instancia judicial presentada por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y las corporaciones vinculadas al grupo empresarial, las retenciones vigentes han generado una afectación patrimonial que supera de forma desproporcionada los límites autorizados inicialmente por el tribunal en el proceso penal abierto tras el colapso de la estructura física del establecimiento.
La defensa técnica de los recurrentes aclaró que la acción legal no cuestiona la procedencia de la medida cautelar ni el monto global de la garantía que fijó el Primer Juzgado de la Instrucción, el cual asciende a los RD$500 millones. El núcleo del reclamo radica exclusivamente en la forma en que los actores civiles ejecutan dicha resolución. Según consta en los argumentos expuestos en el recurso, la autorización concedida permitió que diferentes demandantes trabaran embargos e inscribieran hipotecas judiciales de manera independiente, aplicando cada uno el tope de RD$500 millones de forma individual. Esta operatividad provocó una duplicidad y superposición de penalizaciones financieras que, de acuerdo con los empresarios, ya alcanza un valor superior a los RD$1,500 millones de pesos, triplicando el límite dispuesto en la orden judicial.Los representantes legales manifestaron en su instancia que este escenario "desnaturaliza la finalidad cautelar prevista en el Código Procesal Penal", violando de manera directa el principio de proporcionalidad y convirtiendo un dictamen de resguardo único en un esquema de penalización múltiple y simultánea sobre el mismo patrimonio. Para frenar el bloqueo financiero del grupo corporativo, los abogados solicitaron formalmente a la Corte de Apelación revocar el ordinal específico que regula los mecanismos de retención actuales. En su lugar, proponen sustituir las inmovilizaciones de bienes por la constitución de una fianza de RD$500 millones expedida por una compañía de seguros de reconocida solvencia en el mercado dominicano.Conforme a la tesis de la defensa, esta opción no desprotege los intereses económicos de los afectados por el desplome de la discoteca, sino que los consolida mediante "un único instrumento de ejecución inmediata". La implementación de esta alternativa jurídica busca erradicar la multiplicidad de embargos vigentes, facilitar un control judicial centralizado sobre los fondos en disputa y evitar que el proceso civil continúe estrangulando las finanzas operativas de las sociedades comerciales del grupo empresarial. Con el depósito formal del recurso, queda en manos de los jueces de la Cámara Penal convocar a las partes para evaluar los fundamentos expuestos y definir si se mantiene el esquema de secuestro de bienes o si se concede la sustitución patrimonial solicitada.