La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos destruyó este lunes una embarcación que, según Washington, operaba como estación flotante de reabastecimiento de combustible en apoyo a operaciones narcotraficantes de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador. Se trata del quinto barco ecuatoriano interceptado y hundido por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico Oriental desde el 28 de agosto, cuando el Comando Sur (SOUTHCOM) inició esta serie de operaciones en coordinación con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. El comando estadounidense afirmó que las personas encontradas a bordo de esta última nave serán entregadas a las autoridades ecuatorianas, y aseguró que continúa realizando "operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el Hemisferio Occidental".

La operación más reciente antes de esta, ejecutada el sábado contra el pesquero María Candelaria, fue interceptada a unas 270 millas náuticas de la costa ecuatoriana, en aguas internacionales, según SOUTHCOM. Sus 26 tripulantes fueron trasladados a la ciudad de Manta. El Ministerio de Defensa de Ecuador confirmó la operación y la calificó como un "nuevo golpe" contra la organización criminal.

Sin embargo, la ofensiva conjunta enfrenta cuestionamientos legales y de derechos humanos. Los tripulantes de las embarcaciones interceptadas han negado sistemáticamente cualquier vínculo con organizaciones narcotraficantes, y el sábado pasado un juez ecuatoriano ordenó la libertad de 28 pescadores que habían sido detenidos en dos operaciones previas realizadas por Estados Unidos el miércoles y el jueves. Según el abogado Fernando Bastias, del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Fiscalía no logró probar la existencia de indicios que vincularan a esos pescadores con algún delito.

La controversia se extiende más allá de estos cinco casos reconocidos oficialmente. Pescadores y familiares denuncian ataques adicionales contra al menos tres embarcaciones en enero y marzo de este año, cerca de las Islas Galápagos, que no han sido reconocidos ni por Estados Unidos ni por Ecuador, incluido uno en el que desaparecieron ocho pescadores que viajaban a bordo del buque Fiorella. De acuerdo con una investigación del diario The Washington Post, esos tres ataques formaron parte de una operación encubierta de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) independiente de la campaña antinarcóticos que Estados Unidos ejecuta desde septiembre de 2025 en el Caribe y el Pacífico, en la cual han sido destruidas decenas de presuntas narcolanchas y han muerto más de doscientas personas, en medio de duras críticas de organizaciones de derechos humanos. La organización Amnistía Internacional ha solicitado que se investigue la presunta participación de Estados Unidos en el caso de los ocho pescadores todavía desaparecidos.

Hasta el momento, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Ecuador han ofrecido una respuesta oficial a las denuncias sobre los ataques no reconocidos ni al reportaje de The Washington Post sobre la presunta operación de la CIA.