El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció que el gobierno evalúa nuevas modalidades de negocio para permitir que cubanos residentes en el exterior e inversionistas extranjeros operen y administren la infraestructura hotelera estatal de la isla. Esta medida responde al vencimiento del plazo otorgado por el Gobierno de Estados Unidos para que empresas extranjeras rompan vínculos comerciales con Cuba y con Gaesa, el conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, bajo amenaza de severas represalias financieras. La presión de Washington ya provocó el repliegue de importantes grupos turísticos españoles como Meliá e Iberostar, los cuales operaban en el país en contra de su voluntad, según reconoció el mandatario.

Para mitigar la pérdida de estos operadores y buscar alternativas al pago de deudas, el Ejecutivo cubano contempla el uso de su planta hotelera disponible como activos negociables. Sin embargo, el principal obstáculo radica en las sanciones estadounidenses, que bloquean activamente el suministro logístico hacia la isla. Esta persecución financiera mantiene al país en una situación de vulnerabilidad extrema en el sector energético, limitando severamente la llegada de los hidrocarburos necesarios para sostener la actividad económica y los servicios básicos de la población.

En respuesta a la crisis de carburantes, el gobierno autorizó la importación de combustibles al sector privado, aunque las cifras alcanzadas en los últimos meses (27,000 toneladas entre gasolina y diésel) apenas cubren una fracción mínima del consumo mensual nacional. Ante el desabastecimiento y el hecho de que solo un buque ruso ha logrado arribar en cinco meses, Cuba intenta acelerar su transición energética hacia fuentes renovables, logrando cubrir temporalmente hasta el 50 % de la demanda diurna mediante energía fotovoltaica, mientras depende del crudo pesado nacional para mantener operativas sus deterioradas termoeléctricas.