El Senado de la República aprobó este lunes en segunda lectura la modificación de la Ley 60-23 sobre la administración de bienes secuestrados, incautados, decomisados y en procesos de extinción de dominio, estableciendo que un porcentaje representativo de los recursos recuperados del crimen organizado se destine de manera directa a la prevención y respuesta institucional contra la violencia de género e intrafamiliar en la República Dominicana.

La pieza legislativa, impulsada por un bloque de legisladores encabezado por los senadores Pedro Catrain, Lía Ynocencia Díaz Santana, Aracelis Villanueva Figueroa, María Mercedes Ortiz y Ginnette Bournigal de Jiménez, modifica el artículo 82 de la normativa vigente. La reforma instruye la creación formal del Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, entidad cuyo consejo directivo estará bajo la presidencia del Ministerio de Hacienda.

En cuanto a la distribución del capital proveniente de los decomisos, la iniciativa dispone que el 40 % de estos fondos sea transferido directamente al Ministerio Público. El órgano persecutor deberá canalizar estas partidas presupuestarias hacia el fortalecimiento de la prevención, la protección de las víctimas, la atención integral y la optimización de las investigaciones judiciales en casos de agresiones machistas.

Por su parte, el 60 % restante del dinero incautado será repartido entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Educación y otras dependencias estatales con responsabilidad en la materia, conforme a los programas e intervenciones de cada institución. La norma especifica que estos montos sostendrán operativamente las casas de acogida para mujeres en riesgo, así como los centros de atención conductual dirigidos a hombres procesados o bajo investigación por hechos de violencia y tentativas de feminicidio.

Esta decisión representa un giro de alto impacto para la sostenibilidad financiera de las políticas de protección social en la República Dominicana. Al redirigir el patrimonio económico sustraído al ilícito hacia el financiamiento de albergues e infraestructura de persecución penal, el Estado dominicano reduce la carga sobre el presupuesto general y convierte los activos del crimen organizado en una fuente directa de reparación social para las víctimas de violencia.

Durante la misma jornada extraordinaria, el pleno senatorial aprobó además en segunda lectura el proyecto presentado por la senadora Aracelis Villanueva que declara el 16 de mayo como el Día Nacional de las Sufragistas Dominicanas, el cual establece la celebración anual de conferencias, reconocimientos y campañas cívicas para conmemorar el voto femenino en el país. Asimismo, los legisladores respaldaron la propuesta del senador Santiago José Zorrilla para exigir una ley del Congreso como único mecanismo válido para trasladar restos al Panteón de la Patria, y declararon la Mangulina como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación Dominicana. Tras concluir su trámite legislativo en el Senado, las iniciativas sancionadas continuarán el curso correspondiente en el Poder Legislativo para su eventual promulgación e incorporación al ordenamiento jurídico nacional.