La reciente promulgación de la reforma fiscal bajo la Ley 30-26, que busca elevar las recaudaciones estatales entre 40,000 y 50,000 millones de pesos, introduce modificaciones que impactarán de forma directa el flujo de efectivo de los contribuyentes. De acuerdo con las declaraciones de la economista y exsubdirectora de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Germania Montás, el incremento del 10 % al 15 % en las retenciones aplicadas a los trabajadores independientes y a los alquileres tendrá efectos financieros diferenciados, provocando una reducción inmediata en la liquidez disponible de los profesionales que prestan servicios en la República Dominicana.

Para los profesionales independientes, este aumento del porcentaje de retención sobre los honorarios no representa un incremento en el impuesto total a pagar al final del período fiscal. Montás aclaró que las retenciones operan como un pago a cuenta o un adelanto que posteriormente se compensa con el tributo resultante en la declaración jurada anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR). No obstante, la especialista enfatizó que la medida perjudica el día a día del contribuyente debido a que, además de cumplir con el esquema de anticipos, las personas físicas percibirán un monto neto menor en cada una de sus facturas vigentes.

Para ilustrar la mecánica de la nueva legislación, Montás citó el escenario de un profesional que genera ingresos anuales por servicios profesionales de 1.8 millones de pesos. Bajo el marco normativo actual, el total de retenciones acumuladas en el año ascenderá a 270,000 pesos, equivalentes al 15 % de la facturación, lo que significa que el trabajador recibirá efectivamente 1,530,000 pesos en el transcurso del año. Al presentar la declaración jurada anual ante la administración tributaria, y tras calcular los tramos impositivos de la Ley 30-26 y restar las retenciones previas, el balance pendiente de pago se reducirá a 28,000 pesos. En contraste, con el sistema anterior la retención hubiese sido de 180,000 pesos, dejando una liquidez inicial mayor pero un saldo pendiente por pagar al cierre del año de 132,995.28 pesos, una diferencia influenciada por la ampliación del tramo de ingreso exento que se incluyó en la reforma actual.

Por otra parte, el sector de los alquileres experimentará una dinámica distinta dentro del nuevo marco legal. Aunque la retención en este rubro también se eleva del 10 % al 15 %, la experta señaló que esto se traduce en una reducción del impuesto total para los propietarios. En este caso particular, la retención del 15 % se establece como un pago único y definitivo. Anteriormente, las rentas debían tributar bajo las tasas progresivas del ISR para personas físicas, que oscilaban entre el 15 % y el 25 %, y que tras la reforma sumaron un nuevo tramo que alcanza hasta el 27 %.

La reforma también faculta a la Dirección General de Aduanas a percibir el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) a los importadores no registrados. Respecto a la factibilidad operativa de esta disposición, la exsubdirectora de la DGII advirtió que la viabilidad del mecanismo dependerá estrictamente de la precisión con la que se delimite el término "informal" en la redacción de los reglamentos fiscales. Según su análisis, una definición imprecisa arriesga afectar las importaciones destinadas al consumo estrictamente personal. Estructuralmente, Montás advirtió que la normativa obliga a gravar el mismo tipo de bien bajo dos modalidades de ITBIS distintas en función del perfil del importador, una dualidad que introduce complejidad regulatoria y requerirá transformaciones tecnológicas urgentes en las aduanas del país.