El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid rechazó este miércoles las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para forzar el desalojo de la acampada instalada en la Puerta del Sol, que cumple once días. Es la segunda negativa de ese tribunal, que ya había descartado las medidas cautelarísimas pedidas por el Ejecutivo regional, según informó la Agencia EFE.

Según el auto, los magistrados decidieron sin entrar en el fondo del recurso contencioso-administrativo. Argumentan que no se ha acreditado la inactividad de la Delegación del Gobierno, el órgano que depende del Ejecutivo central, y señalan que en estos casos debe esperarse un plazo de tres meses antes de interponer un recurso por inactividad. Antes de resolver, el tribunal recibió las alegaciones de la Delegación, que se opone a disolver la protesta porque ordenar su levantamiento podría causar más perjuicios que beneficios para la seguridad ciudadana.

La decisión aleja la posibilidad de un desalojo forzoso de la plaza, donde la acampada comenzó el 26 de septiembre tras una manifestación por el derecho a la vivienda. Esa marcha siguió al desahucio en Madrid de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años. La convocatoria partió del Sindicato de Inquilinas, y quienes permanecen en la plaza reclaman medidas de vivienda y la aprobación del llamado “decreto Maricarmen”, según recogió ESdiario. Sobre la asistencia a la marcha, la organización habló de 300,000 personas, mientras la Delegación del Gobierno la rebajó a 25,000, de acuerdo con elDiario.es.

El conflicto llegó a los tribunales después de que la Delegación rechazara el requerimiento de la Comunidad de Madrid para desalojar la plaza en 48 horas. El Ejecutivo autonómico sostiene que se trata de una “ilegal ocupación del espacio público” que afecta al turismo y al comercio, que carece de condiciones de higiene y que la Delegación no ha protegido la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional, de daños en la fachada, ni la estatua del Oso y el Madroño. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, calificó la protesta de ilegal y dijo que excede los límites del derecho de reunión. El Ayuntamiento de Madrid también envió un requerimiento a la Delegación, según el diario ARA.

La Delegación, por su parte, admite que la acampada no estuvo precedida de una comunicación formal específica, pero sostiene que eso no anula su encaje en el derecho fundamental de reunión y manifestación. Su titular afirmó antes que la protesta muestra “pleno respeto al ordenamiento jurídico”, según RTVC. Los acampados han negado los actos vandálicos que denuncia la Comunidad.

La Comunidad de Madrid estudia ahora presentar un recurso de reposición, según fuentes del Ejecutivo madrileño citadas por EFE. Tendría cinco días para hacerlo y debería constituir previamente un depósito. Queda pendiente, además, el fondo del recurso contencioso-administrativo, que el TSJ aún no ha abordado.