El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, promulgó este jueves la controvertida Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional, apenas horas después de que el Congreso Nacional concluyera su conocimiento a toda velocidad. Con la firma del mandatario, el Poder Ejecutivo sella la puesta en vigencia de un nuevo marco tributario diseñado con el objetivo de recaudar alrededor de 50,000 millones de pesos, recursos que las autoridades fiscales justifican como indispensables para garantizar la sostenibilidad macroeconómica del Estado frente a los choques financieros globales.

La validación presidencial se ejecutó inmediatamente después de que la Cámara de Diputados aprobara la iniciativa en dos lecturas consecutivas durante la sesión ordinaria de este mismo jueves. Los legisladores de la cámara baja declararon el proyecto de urgencia tras recibirlo formalmente del Senado de la República, donde la pieza también había superado un proceso de votación acelerado la noche del miércoles. La celeridad de los bufetes directivos del Congreso para remitir el texto definitivo al Palacio Nacional permitió que el gobernante estampara su firma legal el mismo día, acortando al mínimo los plazos reglamentarios habituales de la burocracia legislativa dominicana.

El procedimiento exprés utilizado por la bancada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en ambas cámaras parlamentarias profundizó el descontento de los partidos de oposición, quienes criticaron de manera unánime la falta de debates extendidos y la exclusión de consultas directas a los sectores productivos nacionales. Legisladores de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) mantuvieron su voto de rechazo en las actas parlamentarias, argumentando que la creación y el aumento de gravámenes a los servicios profesionales independientes, el sector inmobiliario y el consumo popular requerían una ponderación técnica más rigurosa para evitar una retracción económica en el segundo semestre del año.

A pesar de los reparos políticos y de las objeciones presentadas por colectivos sindicales y empresariales en las últimas horas, el equipo económico del Gobierno defendió el diseño final de la ley promulgada. Las autoridades insistieron en que el texto incorpora mecanismos de compensación social significativos, entre los que resalta la derogación definitiva del cobro de anticipos financieros para las microempresas y el establecimiento de un programa de amnistía fiscal general para deudas acumuladas. Con la ley ya oficializada por el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) quedan encargados de estructurar las resoluciones administrativas y los reglamentos de aplicación correspondientes para iniciar de manera formal la fiscalización y el cobro de las nuevas tasas impositivas en todo el territorio nacional.