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RD busca bajar de 12.5 % a 0 % el arancel estadounidense mientras crece la presión del sector exportador

El diferencial de 2.5 puntos frente a países como El Salvador y Guatemala costaría al sector exportador hasta US$182 millones al año

Redacción de Libertad Comunicacional

Redacción de Libertad Comunicacional

Editor jefe: Domingo Batista

7 de septiembre de 2026 a las 10:00 p. m.Lectura de 5 min

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RD busca bajar de 12.5 % a 0 % el arancel estadounidense mientras crece la presión del sector exportador

Fotografía: Muelle con mercancía.

El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que su Gobierno ha trasladado al Departamento de Estado y a la Embajada de Estados Unidos su inconformidad con el arancel adicional de 12.5 % que Washington aplica a los productos dominicanos desde el pasado 24 de julio, al considerar que el trato no ha sido "justo y recíproco". El mandatario hizo la afirmación durante su participación en "LA Agenda Semanal", al responder una pregunta del economista Jaime Aristy Escuder, quien cuestionó que República Dominicana descrito por él como un socio confiable de Washington haya quedado sujeta al nuevo gravamen.

El arancel fue dispuesto por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) tras una investigación bajo la Sección 301 de la legislación comercial estadounidense, que concluyó que 54 economías, incluida República Dominicana, no habían adoptado ni aplicado de forma eficaz una prohibición contra la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. De ese grupo, 17 países entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Malasia lograron una tasa reducida de 10 % al demostrar compromisos reconocidos por el USTR en esa materia, mientras que República Dominicana quedó en la categoría de 12.5 %, con los productos textiles amparados por el DR-CAFTA excluidos de la medida.

Abinader sostuvo que su Gobierno aspira a que esa tarifa desaparezca por completo y que las exportaciones dominicanas regresen al tratamiento de 0 % que, según dijo, ha regido tradicionalmente bajo el Tratado de Libre Comercio. "Nosotros pensamos que tenemos que bajar esa tarifa", declaró, y añadió que buscará una reducción escalonada mientras se mantienen las conversaciones, sin descartar en el corto plazo alcanzar primero el nivel de 10 % otorgado a otros socios comerciales de la región.

El mandatario apoyó su argumento en el desbalance comercial entre ambos países: según cifras de la propia USTR, Estados Unidos exportó 12,900 millones de dólares en mercancías hacia República Dominicana durante 2025 e importó 7,600 millones, lo que arroja un superávit estadounidense de aproximadamente 5,300 millones de dólares. "Nosotros somos de los pocos países que tienen un déficit con Estados Unidos", afirmó Abinader, insistiendo en que un acuerdo verdaderamente recíproco debería reflejar esa realidad. El presidente citó además el caso de Costa Rica, otro socio cercano de Washington que enfrenta cambios similares en su tratamiento comercial.

El diferencial de 2.5 puntos porcentuales frente a los países que ya obtuvieron la tasa de 10 % no es un asunto menor para el sector exportador dominicano: de acuerdo con estimaciones difundidas semanas atrás por el senador Félix Bautista, ese margen podría costarle entre 127 y 182 millones de dólares anuales, en un contexto donde Estados Unidos concentra más de la mitad de las exportaciones totales del país y donde las zonas francas con cerca de 197,000 empleos formales dependen en gran medida de ese mercado.

Abinader reconoció que las autoridades estadounidenses han mostrado apertura en las conversaciones, aunque aclaró que Washington maneja el tema arancelario de forma separada del resto de la relación bilateral: "Tenemos muy buenas relaciones en todos los aspectos, pero ellos están tratando aparte el tema de las tarifas", dijo. El Gobierno dominicano ya había informado el 26 de agosto que mantenía negociaciones activas con Washington, casi al mismo tiempo que el Poder Ejecutivo emitió el Decreto 502-26, que faculta a la Dirección General de Aduanas a identificar y prohibir la entrada de mercancías producidas con trabajo forzoso.