El Poder Ejecutivo sometió ante el Congreso Nacional un proyecto de reformulación del Presupuesto General del Estado para el año 2026, mediante el cual eleva en 40,978.3 millones de pesos tanto las proyecciones de ingresos como las apropiaciones de gasto público. De acuerdo con el documento presentado por las autoridades gubernamentales, este reajuste se fundamenta en un mejor desempeño en las recaudaciones fiscales, lo que permite mantener el déficit presupuestario fijado para este ejercicio en 280,575.2 millones de pesos, sin alterar la meta de balance fiscal originalmente aprobada en la Ley 99-25.

Más allá del incremento general en los montos presupuestados, la iniciativa reincorpora una solicitud de autorización previa para que el Ministerio de Hacienda y Economía concierte hasta 23 operaciones de crédito público con diversos organismos multilaterales e instituciones financieras internacionales. En conjunto, estos financiamientos ascienden a un monto global de 4,354.5 millones de dólares y están destinados a una amplia gama de proyectos de infraestructura, que abarcan desde agua potable, saneamiento y resiliencia climática, hasta la ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica y la reforma del sistema penitenciario.

Entre los acreedores previstos en el proyecto figuran entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). Sin embargo, el texto sometido a la aprobación legislativa no especifica los plazos, periodos de gracia ni el costo financiero detallado de cada compromiso, limitándose a estipular que las operaciones serán contratadas a tasas de interés y comisiones compatibles con las condiciones vigentes en el mercado para la República Dominicana.

Paralelamente, la propuesta incluye una redistribución interna del gasto entre las distintas dependencias estatales. El reajuste plantea una reducción de 2,000 millones de pesos en la partida asignada al Ministerio de Educación, así como recortes en carteras como Turismo y Energía y Minas. Por el contrario, los fondos liberados y las nuevas apropiaciones se reasignan para fortalecer las partidas de la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.

El proyecto también dota al Gobierno de mayores márgenes de maniobra operativa durante el resto del ejercicio fiscal. Específicamente, el artículo 10 de la propuesta autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones y ajustes presupuestarios que considere necesarios para la aplicación de la normativa, en consonancia con la Ley Orgánica de Presupuesto. Con el depósito de la pieza en el Congreso Nacional, corresponde ahora a las cámaras legislativas evaluar el alcance del paquete de financiamiento y la redistribución del gasto antes de su eventual aprobación.