La comisión bicameral encargada de estudiar las modificaciones al Código Penal concluyó este viernes sus trabajos tras cuatro días de sesiones intensivas. El equipo legislativo, presidido por Wandy Batista, logró procesar un total de 93 propuestas remitidas por diversos sectores de la sociedad, de las cuales se fusionaron 12 iniciativas y se aplicaron 24 correcciones técnicas, incluyendo ajustes en multas y precisiones de fondo.

El presidente de la comisión, Wandy Batista, destacó que el proceso fue "importante para el estudio" debido al volumen de sugerencias recibidas, las cuales, según explicó, presentaban múltiples coincidencias que facilitaron la estructuración del documento final. Este informe, que contiene las enmiendas a la Ley 74-25, será presentado ante el hemiciclo de la Cámara de Diputados este sábado, con el propósito de ser sometido a una primera lectura.

Entre los puntos más relevantes del acuerdo alcanzado, destaca la modificación de los artículos 220, 221 y 222, referentes a los delitos de difamación e injuria. Los legisladores decidieron reducir la escala penal, pasando de un rango de dos a cinco años de prisión a uno de uno a dos años. “Ese tipo de delitos no son delitos de sangre”, justificó Batista, al tiempo que aseguró que esta decisión responde a la escucha activa del Congreso ante las críticas ciudadanas sobre la proporcionalidad de las sanciones.

En cuanto a las propuestas de reforma sobre la violencia de género, el presidente de la comisión aclaró que se descartaron los cambios sugeridos por una subcomisión interna, la cual planteaba limitar la definición de este tipo penal exclusivamente a la violencia ejercida contra la mujer. Por consiguiente, se mantuvo intacta la redacción vigente del artículo 127, rechazando la propuesta de excluir al hombre como sujeto pasivo de este delito.

Este avance legislativo ocurre bajo una marcada presión cronológica, dado que la legislatura ordinaria concluirá el próximo 26 de julio y la entrada en vigor del nuevo Código Penal está programada para el 3 de agosto. Tras la presentación del informe este sábado, se prevé que la Cámara de Diputados agote la segunda lectura la próxima semana para luego remitir la pieza al Senado de la República. De mantenerse este ritmo, la viabilidad de la entrada en vigencia de la norma dependerá de la celeridad en la aprobación bicameral y, eventualmente, de una posible convocatoria a legislatura extraordinaria por parte del Poder Ejecutivo. La pieza, que ha sido objeto de intensos debates desde su promulgación, sigue centrando la atención pública debido a las expectativas sobre los cambios en temas como la libertad de expresión y la responsabilidad médica.