El expresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó una demanda formal ante un tribunal federal de Washington contra el Departamento de Justicia para impedir la difusión de los audios y transcripciones de las entrevistas privadas que sostuvo entre 2016 y 2017 con el escritor Mark Zwonitzer, quien le asistía en la redacción de sus memorias Promise Me, Dad. La defensa legal del exmandatario sostiene que la liberación de estos archivos constituiría una invasión injustificada a su privacidad, en momentos en que dichos registros son requeridos tanto por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, controlado por la mayoría republicana, como por el centro de pensamiento conservador Heritage Foundation a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El material en disputa terminó bajo la custodia del Departamento de Justicia tras ser recabado por el fiscal especial Robert Hur durante la investigación criminal por el manejo indebido de documentos clasificados de la época en que Biden se desempeñó como vicepresidente en la administración de Barack Obama. La acción legal busca evitar que la actual administración entregue las grabaciones a los entes fiscalizadores del Congreso, bloqueando una fuente de potencial desgaste político.

Este caso reaviva el conflicto institucional iniciado en mayo de 2025, cuando la administración del presidente Donald Trump filtró a los medios de comunicación los audios de los interrogatorios realizados a Biden en octubre de 2023 por el equipo de la fiscalía especial. Aquellas filtraciones expusieron lapsus de memoria del político demócrata respecto a fechas clave de su vida personal y profesional, encendiendo un severo debate público sobre su estado cognitivo que ahora la oposición busca profundizar con este nuevo lote de archivos.