El desempeño del sistema de justicia dominicano no representa un obstáculo ni una ventaja competitiva para la decisión de invertir en el país, pero en ocasiones tiene efectos regresivos que perjudican a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y a los negocios del interior. Así lo concluye el estudio “Análisis Económico de la Justicia: impacto sobre la inversión y el desarrollo en la República Dominicana”, elaborado por la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Ambas instituciones acordaron realizar la investigación en marzo de este año, mediante un convenio de cooperación para proyectos de formación e investigación. El informe se construye con testimonios y valoraciones de profesionales del derecho de distintas áreas, por lo que refleja percepciones de quienes litigan y no mediciones directas del funcionamiento de los tribunales.

Según los entrevistados, es poco común que una empresa evite, posponga o retire una inversión por el funcionamiento judicial. Dos de ellos agregaron que, al elegir entre destinos de la región, factores como el costo de la energía o el laboral pesan más. El estudio sí recoge casos aislados de empresas que dejaron de invertir tras procesos tributarios o administrativos que no lograron resolver, y de clientes del sector construcción que se retiraron tras litigios prolongados.

El informe cita además la experiencia de una firma que litiga en Puerto Plata y en Higüey y que cuestionó la previsibilidad de los fallos en esas localidades. Respecto a la primera, afirmó que “lo van a decidir con una moneda”. El estudio advierte que se trata de dos de los principales polos turísticos del país, donde la previsibilidad jurídica es clave para sostener la inversión.

En cuanto a las pymes, la investigación señala que el problema comienza por el costo de litigar. Al menos cuatro firmas aportaron cifras que muestran que el costo, como porcentaje del monto en disputa, tiende a bajar a medida que el caso vale más. Un entrevistado estimó los honorarios en cerca de 10 % en un caso de un millón de dólares y en 3 % en uno de 100 millones.

Para los consultados, el tiempo pesa todavía más. Una empresa grande puede sostener un litigio de varios años sin comprometer su operación, mientras que la pyme tiene menos capacidad de resistencia financiera, algo que se agrava por la acumulación de mora e intereses mientras el caso sigue sin resolverse. Un entrevistado resumió que, para los negocios pequeños, el sistema “no es un sistema aliado”.

El arbitraje podría ser una vía más ágil para quienes no pueden sostener procesos largos, pero rara vez los contratos incluyen cláusulas de este tipo, a veces por desconocimiento y otras porque es un mecanismo considerablemente más costoso. El estudio advierte que la falta de una vía accesible para resolver disputas económicas pequeñas puede llevar a que esos conflictos se resuelvan de manera informal, incluso mediante la violencia.

Queda pendiente ver si las instituciones judiciales y el sector empresarial responden con medidas concretas para abaratar y acelerar la resolución de disputas de menor cuantía.