Rodolfo Valentín Santos pide que cada muerte en supuestos intercambios de disparos pase por el INACIF y la justicia
Pide a la procuradora general que asuma directamente la investigación penal y plantea cuántos casos reportados por la Policía han sido remitidos al análisis forense.
Redacción de Libertad Comunicacional
Editor jefe: Domingo Batista
17 de noviembre de 2026 a las 07:24 p. m.Lectura de 4 min

El director nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, exigió este martes al Ministerio Público investigar todos los casos de supuestos “intercambios de disparos” reportados por la Policía Nacional, según informó Panorama. Valentín Santos pidió que la procuradora general de la República asuma directamente la investigación penal de esos hechos, a través de las distintas jurisdicciones de la institución.
El funcionario sostuvo que el combate a la delincuencia no justifica actuaciones al margen de la justicia. Sobre los agentes que, según planteó, ejecutan a una persona sin que medie una investigación seria, afirmó que “quienes los cometen deben responder penalmente”.
Valentín Santos cuestionó además que se haya normalizado la expresión “poner en 29”, que a su juicio funciona como una orden indirecta para matar a un ciudadano. Aclaró, no obstante, que su planteamiento no busca frenar la lucha contra el crimen ni desconocer el derecho de los policías a defenderse ante agresiones reales y demostrables.
El titular de la Defensa Pública reclamó que cada intercambio de disparos quede documentado mediante informes, investigaciones forenses y actuaciones judiciales. Esas diligencias, explicó, son necesarias para determinar si el uso de la fuerza estuvo justificado y evitar posibles ejecuciones extrajudiciales. También lanzó una pregunta a las autoridades: cuántos de los casos reportados por la Policía como intercambios de disparos ha remitido el Ministerio Público al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para su análisis científico.
Para sustentar su exigencia, Valentín Santos citó el marco legal vigente. Mencionó los artículos 37 y 38 de la Constitución, que consagran el derecho a la vida, prohíben la pena de muerte y protegen la dignidad humana, y la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, que establece la protección de la vida y el uso de armas de fuego como último recurso. Invocó asimismo el artículo 92 de la Ley 74-25, sobre el asesinato con premeditación o acechanza, y la Ley 136-80, que regula las autopsias judiciales en muertes violentas o súbitas. Citó también la Ley 454-08, que crea el INACIF, y el artículo 1 de la Ley 133-11, según el cual el Ministerio Público dirige la investigación penal.
El pronunciamiento no se vincula a un caso específico y la nota original no incluye respuestas de la Policía Nacional ni de la Procuraduría General. El tema, sin embargo, ya había sido planteado por la Defensa Pública. En un comunicado anterior, el organismo, apoyándose en los anuarios de la Oficina Nacional de Estadística, advirtió que casi 800 personas habían muerto en cinco años a manos de la Policía o de las fuerzas militares. En otro caso reciente, el Ministerio Público descartó la versión policial sobre la muerte de cinco hombres en el sector La Barranquita, de Santiago, y la calificó como una ejecución extrajudicial.
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