La jueza suplente de la Octava Sala Penal del Distrito Nacional, Octavia Carolina Fernández Curi, condenó este jueves a un año de prisión a la comunicadora y productora de televisión Claudia Pérez Ramírez, conocida popularmente como "La Tora", tras ser declarada culpable de difamación e injuria a través de medios electrónicos en perjuicio del diputado Sergio Moya de la Cruz, alias "Gory", perteneciente al Partido Revolucionario Moderno (PRM). La sentencia dictada por el tribunal establece además el pago de una indemnización de cinco millones de pesos dominicanos por concepto de daños morales ocasionados al legislador, junto con las costas penales derivadas del proceso judicial. De acuerdo con el dictamen de la magistrada, la pena privativa de libertad deberá ser ejecutada en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.

Al fundamentar la decisión judicial, el tribunal determinó que Pérez Ramírez incurrió en la violación directa de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. La juzgadora concluyó que la imputada utilizó de forma sistemática diversas plataformas digitales, sistemas telemáticos y medios de telecomunicación para difundir expresiones injuriosas que afectaron el honor y la reputación del congresista oficialista, a quien vinculó públicamente con supuestas actividades delictivas sin sustento legal. La querella que originó esta condena se tramitó bajo la modalidad de acción penal privada, luego de que el legislador decidiera activar los mecanismos legales correspondientes frente a los señalamientos vertidos en los espacios de difusión de la productora.

En el aspecto civil, el tribunal declaró buena y válida en cuanto a la forma la demanda accesoria presentada por el equipo legal de Sergio Moya de la Cruz, el cual estuvo encabezado por los abogados José Altagracia Fis Batista y Enmanuel Martínez Acevedo. La defensa técnica demostró que las declaraciones propagadas por la conductora del programa "El control de la noche" lesionaron la dignidad del servidor público, logrando que la magistrada acogiera la reparación económica complementaria. Este caso judicial había registrado incidentes previos relevantes, incluyendo el arresto de la comunicadora en mayo del pasado año 2025, tras haber sido declarada en estado de rebeldía por no comparecer a las citaciones formales emitidas por el mismo órgano jurisdiccional.

Debido a que se trata de un fallo emitido por un tribunal de primera instancia, la legislación procesal penal dominicana otorga a las partes el derecho de interponer los recursos de apelación correspondientes dentro de los plazos normativos. Los abogados defensores de Pérez Ramírez disponen de la facultad de recurrir la sentencia ante una corte de alzada superior, lo cual suspende la ejecución inmediata del ingreso a prisión en Najayo Mujeres hasta tanto el recurso sea conocido y se dicte una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada, abriendo un nuevo capítulo técnico en los tribunales del Distrito Nacional.