Una comisión del Senado de la República Dominicana estudia un proyecto de ley que propone modificar la Ley de Extinción de Dominio para destinar, de manera obligatoria, al menos un 10% de los recursos obtenidos mediante bienes secuestrados, incautados o decomisados en procesos penales a las políticas públicas de prevención, atención y protección frente a la violencia contra las mujeres. La pieza legislativa, impulsada por los senadores Pedro Catrain, Lía Díaz, Aracelis Villanueva, María Mercedes Ortiz y Ginnette Bournigal, surge como respuesta a la alarmante cifra de 17,552 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales, además de más de 30 feminicidios registrados por el Ministerio Público solo en el primer trimestre de 2026.

De aprobarse la reforma, la distribución del fondo propuesto dejaría el 40% bajo la administración del Ministerio Público para la persecución penal y la respuesta institucional directa. El 60% restante se repartirá entre el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Interior y Policía, y el Ministerio de Educación. Los recursos se priorizarían en el sostenimiento de las casas de acogida, el fortalecimiento de los centros de atención conductual para agresores, la ejecución de campañas de concientización y la implementación de programas educativos en las escuelas públicas orientados a modificar patrones culturales y fomentar nuevas masculinidades desde la infancia.