La cifra de víctimas mortales por el doble terremoto de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado 24 de junio ascendió a 4,930 personas tras confirmarse el fallecimiento de 101 nuevos ciudadanos en las últimas horas. Así lo dio a conocer el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, Jorge Rodríguez, mediante un informe de actualización difundido en sus canales oficiales, donde también se detalló que el desastre ha dejado un saldo de 16,740 heridos y ha privado de sus hogares a unas 17,907 personas. La magnitud del siniestro mantiene bajo asistencia estatal a un total de 128,324 familias, mientras que al menos 21,210 ciudadanos han tenido que ser reubicados de emergencia en 107 campamentos provisionales habilitados por el Estado.

El panorama estructural tras tres semanas de evaluaciones revela que unos 856 edificios sufrieron daños significativos en la región norte de la nación suramericana, de los cuales 190 colapsaron por completo debido a la fuerza del impacto inicial y la constante actividad sísmica. Desde el día de la tragedia, las instituciones de monitoreo geológico han registrado un acumulado de 1,308 réplicas. El evento secundario más relevante de los últimos días ocurrió en el estado La Guaira, la demarcación territorial más golpeada por el desastre, donde un sismo de magnitud 3.9 localizado a 10 kilómetros al noreste de la comunidad de Naiguatá provocó episodios de pánico colectivo y obligó a evacuar de inmediato diversas edificaciones civiles por motivos de prevención.

Frente a la emergencia habitacional, la jefa de Estado encargada, Delcy Rodríguez, programó la entrega de las primeras 200 viviendas de emergencia para el transcurso de esta semana. Esta medida forma parte de un plan de respuesta que incluyó la puesta en marcha de un censo biométrico para cuantificar el volumen real de la demanda habitacional, la cual el Gobierno venezolano proyecta de manera preliminar en unas 25,000 unidades residenciales. Para dinamizar los procesos de levantamiento de infraestructura, el Parlamento legislativo aprobó en primera discusión un proyecto de reforma a la Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Según explicó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, estas modificaciones regulatorias buscan garantizar un entorno de "seguridad jurídica y capacidad de financiamiento" que permita dar viabilidad técnica y económica a un "proceso agresivo" de construcción de viviendas en los sectores más vulnerables.

Este devastador panorama en Venezuela mantiene en alerta preventiva a los organismos de gestión de emergencias en la región del Caribe y Suramérica, incluyendo a la República Dominicana, dada la alta vulnerabilidad sísmica de la placa tectónica del Caribe que une a ambas zonas geográficas. Mientras el proyecto legislativo venezolano se prepara para encarar su segundo debate parlamentario obligatorio antes de convertirse en ley, la prioridad inmediata de los cuerpos de rescate y asistencia social sigue concentrada en garantizar el suministro de servicios básicos en los refugios provisionales y en contener los riesgos sanitarios derivados del hacinamiento en las zonas de desastre.