La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, advirtió la noche de este sábado que la investigación por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) podría extenderse a otras personas o entidades, al señalar que el Ministerio Público "apenas estamos comenzando" en esta nueva etapa del proceso. La declaración llegó minutos después de que el órgano persecutor depositara, a las 11:55 de la noche, un expediente de 525 páginas con la solicitud de medida de coerción contra 25 personas, en el que pide prisión preventiva y que el caso sea declarado de tramitación compleja.

Según explicó Ortiz, entre los sometidos figuran médicos, otras personas vinculadas al sector salud, empleados de Senasa y personas señaladas de haberse asociado con ellos para ejecutar las maniobras bajo investigación. La funcionaria precisó que esta constituye la tercera operación derivada de las distintas líneas abiertas dentro del llamado proceso Cobra, por la presunta sustracción de recursos de la aseguradora estatal.

La titular de la Pepca detalló que a la mayoría de los nuevos imputados se les atribuye haber facturado y cobrado a Senasa por pacientes y procedimientos médicos presuntamente no realizados. Ese esquema, dijo, no solo habría provocado una salida irregular de fondos de la institución, sino que también redujo la cobertura disponible para los afiliados cuyos datos personales eran utilizados sin su conocimiento, al consumir cuotas de las pólizas que el seguro les tenía acreditadas. Ortiz subrayó que el alcance del presunto fraude va más allá del perjuicio económico a la entidad, pues habría afectado de manera directa la salud de más de 7 millones de dominicanos que dependen del Senasa como su seguro médico.

Entre las irregularidades atribuidas al entramado, de acuerdo con la información recopilada durante la investigación, figuran cobros por consultas, procedimientos y medicamentos no suministrados, doble facturación, uso de sellos médicos falsos y adulteración de estados financieros. Las autoridades han identificado además casos de afiliados hombres a cuyo nombre aparecían registradas consultas ginecológicas que, al ser contactados, negaron haber recibido.

El Ministerio Público había informado inicialmente el arresto de 28 personas durante una serie de operativos iniciados en la madrugada del viernes, aunque la solicitud de coerción presentada el sábado en la noche recae finalmente sobre 25 de ellas. La operación contempló 37 allanamientos ejecutados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con la participación de 45 fiscales y unos 200 agentes de la Policía Nacional. Durante los procedimientos fueron ocupados dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, según informó el órgano persecutor.

El depósito del expediente se produjo después de dos jornadas de interrogatorios a los detenidos: solo este sábado, entre 13 y 15 de los investigados fueron interrogados durante más de ocho horas. Con la solicitud ya presentada, corresponde ahora a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijar la fecha y hora de la audiencia en la que un tribunal decidirá sobre la medida de coerción, mientras la Pepca deja abierta la posibilidad de que la investigación sume nuevos nombres en las próximas semanas.