La reforma de la Policía Nacional de la República Dominicana se encamina a erradicar vicios burocráticos y estructurales que han persistido por casi un siglo, mediante la aplicación de una nueva Ley Orgánica que redefinirá el equilibrio de poder interno, el régimen de ascensos y el sistema salarial de la institución de cara al año 2028. Según reveló el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández, el plan estratégico en marcha proyecta elevar la fuerza policial a 52,000 agentes con 11,000 ya incorporados, al tiempo que introduce un riguroso control civil sobre el cuerpo del orden. El nuevo marco legal sustituirá el tradicional Consejo Superior de la Policía por un órgano colegiado de ocho integrantes, donde el poder civil tendrá una representación decisiva liderada por el Ministerio de Interior y Policía con voto preferente, acompañado por el Ministerio de Justicia y la Procuraduría General de la República, frente a una minoría de solo tres generales activos.

Uno de los pilares de este saneamiento institucional es la supresión de privilegios económicos y rangos ociosos. La nueva normativa fija un límite estricto de solo 20 generales activos para todo el territorio nacional y elimina formalmente la figura de los oficiales "sin funciones", un limbo administrativo que mantenía a decenas de altos mandos cobrando en sus hogares. De acuerdo con García Hernández, si un oficial de alto rango no supera los filtros de integridad o no es seleccionado para ascender en un plazo de cuatro años, será enviado de forma automática al retiro obligatorio. Asimismo, la ley prohíbe los "especialismos", que eran compensaciones económicas discrecionales que oscilaban entre los 4,000 y los 200,000 pesos mensuales. “A partir de ahora, todo el salario se unifica en una escala fija por rango y pasa a ser totalmente cotizable”, manifestó el comisionado, explicando que con esto se busca neutralizar el uso corrupto de estas asignaciones extraordinarias para inflar pensiones.

En el plano administrativo y judicial, la Dirección de Asuntos Internos se extraerá por completo del organigrama policial para pasar a depender directamente del Ministerio de Interior y Policía, asegurando que la institución no actúe como juez y parte frente a denuncias de corrupción o mala conducta. El comisionado argumentó que esta separación de funciones y el acompañamiento de fiscales especializados blindará los procesos sancionadores de la institución, reduciendo el alto índice del 78% de las demandas de separación que la Policía solía perder en los tribunales por violaciones al debido proceso. Paralelamente, la formación de los uniformados experimentará una transformación coordinada por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt). La doctora Mu-Kien Sang Ben, coordinadora de la Comisión Educativa, precisó que el entrenamiento básico pasará de ser un curso breve de pocas semanas a un programa técnico de 10 meses de duración, con seis meses de docencia intensiva y tres meses de práctica supervisada en las calles, donde se les exigirá nivel técnico superior obligatorio a los patrulleros.

Con el objetivo de optimizar la presencia preventiva, que históricamente apenas alcanzaba el 12% del personal y que actualmente se sitúa en un 31%, los nuevos agentes devengarán un salario neto de 23,000 pesos desde el primer día de su entrenamiento académico. El proceso de modernización científica de la Policía dominicana se apoyará en el despliegue progresivo de hasta 25,000 cámaras corporales (bodycams) fiscalizadas bajo la norma de gestión de riesgos ISO 31000, y en la edificación de una sede exclusiva para la Policía Científica con laboratorios forenses acreditados, permitiendo que la justicia ordinaria dependa de pruebas biológicas, de ADN y balística irrefutables en lugar de las tradicionales declaraciones testimoniales.