El Gobierno dominicano puso en marcha un protocolo interinstitucional para frenar las invasiones y ocupaciones irregulares de terrenos pertenecientes a proyectos de la Reforma Agraria, luego de una reunión de trabajo encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el titular de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, junto al director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, según reportó Diario Libre.

Al encuentro también asistieron representantes de las principales organizaciones campesinas del país, entre ellos Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, y Martín Roberto Familia, de la Federación Gregorio Luperón.

Las autoridades acordaron iniciar un levantamiento para trazar una ruta crítica de intervención legal, técnica y operativa en los asentamientos donde se han reportado afectaciones a parceleros, entre ellos Mogollón, en San Juan de la Maguana, así como Villa Riva, Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia. La comunidad de Mogollón arrastra denuncias previas de presiones para desplazar a productores que trabajan esas tierras desde hace décadas, lo que da contexto a la urgencia del protocolo anunciado.

El ministro de Justicia afirmó que los mecanismos legales para enfrentar estas situaciones se articularán con apego al debido proceso, buscando garantizar los derechos de los productores y preservar los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola. Precisó que cada expediente será evaluado de manera individual, ya que, aunque comparten una misma naturaleza, corresponden a realidades distintas.

Espaillat, por su parte, vinculó la seguridad sobre las tierras con la defensa de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria nacional. "Estamos siempre abiertos al diálogo para buscar soluciones", declaró el funcionario, quien agregó que el objetivo es que esos terrenos cumplan su propósito de producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano.

Como parte de los acuerdos, será conformada una comisión técnica interinstitucional que documentará los casos, evaluará su situación jurídica y territorial, y recomendará las actuaciones correspondientes, incluyendo mecanismos para avanzar en la regularización y la titulación definitiva de las parcelas. De acuerdo con Acontecer del Cibao, esa comisión deberá presentar un informe al presidente Luis Abinader con los resultados de su evaluación.

Los dirigentes campesinos denunciaron durante la reunión que personas interesadas en apropiarse de terrenos recurren a artimañas entre ellas supuestos abogados y alegados padrinazgos de civiles, policías y militares para desplazar a productores legítimos de sus predios. Advirtieron que estas prácticas no solo amenazan la estabilidad productiva y el patrimonio de quienes han trabajado la tierra durante años, sino que también generan conflictos que pueden poner en riesgo su integridad física.

El protocolo contempla mecanismos de seguimiento entre los ministerios de Justicia y Agricultura, el IAD y las organizaciones campesinas, con apego al debido proceso y al marco legal vigente, para dar respuesta a los casos ya identificados y prevenir nuevas afectaciones. Las instituciones no precisaron un plazo para la entrega de los primeros resultados de la comisión técnica.