OpenAI enfrenta 30 nuevas demandas presentadas el miércoles 2 de septiembre ante un tribunal federal en California, relacionadas con el tiroteo masivo ocurrido el 10 de febrero de este año en la escuela secundaria de Tumbler Ridge, en la provincia canadiense de Columbia Británica. Con estas acciones, presentadas por estudiantes, maestros y una directora que presenciaron el ataque, el número total de demandas contra la empresa y su director ejecutivo, Sam Altman, asciende a 37, luego de que en abril familias de víctimas presentaran los primeros siete casos.

Las demandas acusan a OpenAI de negligencia y de "ayudar e incitar" el ataque, atribuido a Jesse Van Rootselaar, de 18 años, quien mató a su madre y a su medio hermano de 11 años en su vivienda antes de dirigirse a la escuela, donde asesinó a cinco estudiantes y un maestro y luego se quitó la vida. En total murieron ocho personas y alrededor de dos decenas resultaron heridas, en un ataque que las autoridades canadienses han descrito entre los más letales en la historia del país.

Según los documentos judiciales, el sistema automatizado de OpenAI marcó en junio de 2025 la cuenta de ChatGPT utilizada por Van Rootselaar por "actividad y planificación de violencia armada". Un equipo interno de seguridad revisó el contenido y recomendó notificar a las autoridades, pero, de acuerdo con las demandas, la dirección de la empresa encabezada en la cadena de decisión por el jefe de asuntos globales, Chris Lehane, con aprobación de Altman optó en su lugar por desactivar la cuenta sin alertar a la policía. Las demandas sostienen que la joven abrió una segunda cuenta y continuó usando el chatbot, algo que OpenAI afirma haber desconocido hasta después del tiroteo.

El abogado Jay Edelson, representante principal de los demandantes, describió el impacto del ataque en los sobrevivientes, entre ellos menores que presenciaron la muerte de maestros y compañeros y temieron por su vida. Edelson ha señalado además que uno de los objetivos de los litigios es que se hagan públicos los registros de las conversaciones entre Van Rootselaar y ChatGPT, algo que la empresa se ha negado a divulgar hasta ahora.

OpenAI ha sostenido que la actividad de la joven no alcanzó, en su momento, el umbral que la compañía aplica para considerar un riesgo "inminente y creíble" de daño a terceros que amerite contactar a las autoridades. Tras conocerse el caso, Altman pidió disculpas públicas en abril, calificando lo ocurrido como una pérdida irreversible para la comunidad de Tumbler Ridge, y la empresa aseguró haber reforzado desde entonces sus protocolos de seguridad, incluyendo mejoras en cómo el chatbot responde a señales de angustia y en la forma de conectar a los usuarios con recursos de salud mental.

Las acusaciones forman parte de litigios en curso y todavía deberán ser examinadas por la justicia estadounidense, sin que se haya fijado hasta el momento una fecha para las primeras audiencias de fondo.